Fernando Abril Martorell, por Sciammarella
Un Libro Blanco (traducción literal de white paper) es un documento oficial publicado por un gobierno o una organización, con el fin de servir de informe o guía sobre algún problema y cómo enfrentarlo, estableciendo directrices o propuestas de acción (por ejemplo diseñando una política gubernamental a largo plazo). También se usan en el mundo de los negocios como una herramienta de marketing para comunicar los beneficios de un producto o una tecnología. Los libros blancos son utilizados para educar a sus potenciales lectores y destinatarios, contribuyendo a formar su opinión y ayudarles a tomar decisiones, tanto políticas como de negocios.
A vueltas con el Informe Abril (o “…20 años no es nada”)
Con motivo de cumplirse veinte años de su publicación se han desarrollado recientemente algunos debates y encuentros en los que se ha vuelto a hablar del Informe Abril.
Incluso en la red social Linkedin se lanzó también un debate en el que se preguntaba: ¿Estamos cerca o lejos del Informe Abril? Con buen criterio alguno de los participantes (L. A. Ramos Neira) se refería al hecho de que a posteriori parece que algunos conspicuos responsables sanitarios de este tiempo pretenden justificar las medidas de recorte adoptadas acogiéndose precisamente a la supuesta vigencia del Informe. En fin...
La Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, conocida posteriormente como la Comisión Abril, se constituye a partir de una ‘proposición no de Ley’ presentada por el Dr. Carlos Revilla, diputado del grupo CDS, que fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 13 de febrero de 1990.
Ciertamente, supuso el primer intento serio y riguroso de adelantarse y hacer frente a las tensiones económicas y dificultades derivadas de la descentralización y financiación del sistema sanitario público en España, que ya entonces comenzaban a vislumbrarse.
Comisión Abril
Presidente:
Fernando Abril Martorell.
Vicepresidente y coordinador:
Enrique Costas Lombardía.
Secretario:
Joan Josep Artells Herrero.
Vocales:
Rafael Alonso Pedreira
Lluis Bohigas Santasusagna
Antonio García de Blas
Carmen Martínez Aguayo
Francisco Martínez Borrego
José María Segovia de Arana.
Colaborador técnico:
Rafael Bengoa Rentería.
Y éste fue su contenido y resultado de la misma.
Pero no es la primera vez que se habla del Informe Abril. Tenemos cierta tendencia cabalística a conmemorar hechos, circunstancias y aniversarios en fechas señaladas, así que de manera recurrente, y con cierta periodicidad, se vuelve sobre los mismos asuntos:
Miguel Ángel Máñez, en su blog 'Salud con cosas' se ha referido a él en diversas ocasiones:
En su día la Comisión recibió el encargo de analizar la estructura, organización y funcionamiento del SNS en relación con la equidad, la calidad y la eficiencia; considerar el impacto sobre el mismo de los previsibles escenarios económicos y sociales del próximo futuro y, en consecuencia, proponer medidas de mejora.
El trabajo de la Comisión se desarrolló en nueve subcomisiones, dedicadas a estudiar diferentes aspectos del SNS en tres grandes áreas de actuación: la gestión y financiación del sistema, los servicios asistenciales y la salud pública. Se solicitó opinión a más de cien entidades y organismos públicos y privados. Se mantuvieron reuniones de trabajo con los consejeros de sanidad de todas las Comunidades Autónomas y se solicitaron dictámenes a varios asesores nacionales y extranjeros.
Entre sus conclusiones, se consideraron como fortalezas del SNS la universalización, la equidad, la calidad de la atención medico-hospitalaria, la formación de especialistas, el progreso de la investigación y la prestación del servicio farmacéutico.
Se indicaron como principales deficiencias la indeterminación presupuestaria, la irresponsabilidad burocrática, la ineficiencia, la rigidez administrativa, la existencia de incentivos perversos, la desinformación, la insatisfacción del usuario, la desmotivación y el desánimo del personal sanitario, la centralización y la excesiva politización. Como sabemos, algunos de estos problemas se han cronificado…
El Informe Abril presentó un conjunto de 64 recomendaciones para configurar un sistema de financiación pública equitativa y “percibida” con una organización descentralizada, transparente y competitiva, y con una gestión autónoma y responsable, que incluía medidas estructurales en organización, presupuestación (o financiación), gestión y atención sociosanitaria.
En definitiva, el propósito del «Informe Abril» fue incidir en la equidad y la solidaridad como eje central del SNS; estimular la eficiencia en el uso de los recursos; promover la conciencia de coste en el personal sanitario y en los usuarios; dotar de autonomía y flexibilidad en la gestión a los centros asistenciales con responsabilidad personal de los gestores y motivación y participación en la gestión del personal sanitario, con el objetivo último de lograr una mayor calidad de servicio y satisfacción del usuario. En cualquier caso, sus recomendaciones no fueron aplicadas por el gobierno de España, aunque algunas de sus propuestas sí que fueron recogidas después por Comunidades Autónomas de diverso signo político.
El “Informe” Romay
El 18 de diciembre de 1997 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la Subcomisión constituida en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, que pedía avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Salud mediante el estudio de las medidas necesarias para garantizar un marco financiero estable y modernizar el sistema sanitario manteniendo los principios de universalidad y equidad en el acceso. Aquí se encuentra el debate del Informe de la citada Subcomisión.
Su aplicación pretendía reforzar algunos de los elementos fundamentales del sistema sanitario que debían ser considerados como temas de Estado: universalización de la asistencia; financiación pública mayoritaria y suficiente, garantía de prestaciones completas y de calidad, y un modelo autonómico coherente con la configuración política del país. Unas recomendaciones que, al mismo tiempo, reclamaban por una parte completar el proceso de transferencias, y por otra, reforzar los mecanismos de coordinación y los acuerdos en temas básicos como catálogo de prestaciones, estatuto marco para el personal, esquemas comunes de organización y gestión, tarjeta sanitaria compatible, evaluación de tecnologías, coordinación normativa, competencias del Consejo Interterritorial, etc. Teóricamente la aplicación de estas recomendaciones debía ayudar a vertebrar y mantener un SNS aceptablemente homogéneo y evitar la emergencia de 17 Sistemas diferentes.
Políticamente la aprobación de este dictamen tuvo gran importancia, ya que supuso la aceptación por el Partido Popular del modelo derivado de la Ley General de Sanidad, -en cuyo debate (18 marzo de 1986) la Coalición Popular había votado en contra- así como una coincidencia de fondo con las políticas sanitarias llevadas a cabo en años anteriores por Gobiernos de otro signo político, con lo que viene a despejarse definitivamente la posibilidad de que la alternancia en el gobierno de socialistas y conservadores conllevara modificaciones sustanciales o de modelo en el Sistema Sanitario. De alguna manera viene a suponer la consolidación del Sistema.
Algunos capítulos del dictamen fueron muy debatidos en la Subcomisión. Uno de los temas clave que se abordaron fue la financiación del Sistema. En el Dictamen se expresa que el presupuesto sanitario debía experimentar un incremento en términos de su participación en el PIB nominal. Con respecto a la fuente de financiación del incremento del gasto sanitario, se discutió con detalle y sobre la bibliografía disponible, acerca de la ampliación del copago en medicamentos o su aplicación en otras prestaciones sanitarias, llegándose a descartar tanto el copago como los impuestos especiales. La Subcomisión consideró que la puesta en marcha de un “ticket moderador” asistencial permitiría recaudar algo de dinero -no mucho-, pero a costa de la equidad, al penalizar a los más enfermos y a las personas con menos recursos.
Otros informes
Desde hace un par de años se han venido publicando una serie de informes y trabajos (alguno con evidentes conflictos de interés y defendiendo posiciones legítimas, pero más que discutibles) sobre la situación del SNS. A la vista de las propuestas y de los cambios que se sugieren, así como la ola de ajustes, recortes y racionamiento que se vienen produciendo, es muy probable que dentro de algún tiempo no acabemos reconociendo ni la estructura ni el diseño ni las prestaciones del actual SNS.
Entre los informes más destacados cabe citar a los siguientes:
La tesis principal del Informe viene a decir que el sistema sanitario español se encuentra en una encrucijada y su sostenibilidad está en riesgo. Bajo el esquema actual no es sostenible a futuro y para revertir esta tendencia es clave un aumento de la responsabilización de todos los agentes:
· Los pacientes deben adquirir una mayor conciencia sobre su propia salud y sobre el uso que hacen del sistema.
· Los profesionales deben ser los catalizadores del cambio y ayudar a lograr un mayor equilibro entre los objetivos de calidad y eficiencia del sistema.
· Los gestores y administradores del sistema tienen que asegurar la utilización más eficiente y equitativa de los recursos públicos puestos a su disposición.
Al mismo tiempo, el Informe apunta que aunque las líneas de actuación son conocidas, las barreras al cambio han sido insalvables hasta la fecha:
· El debate sobre el cambio en el sistema sanitario no está en la agenda de temas prioritarios.
· Históricamente, el sistema sanitario ha sido muy “elástico” para mantenerse en un equilibrio inestable.
· Las expectativas de los pacientes son muy elevadas en cuanto acceso, gratuidad y coberturas.
· Los profesionales tienen que ser el eje central y motor del cambio, pero lograr su implicación es un reto.
· La perspectiva de corto plazo es imperante y dificulta la toma de medidas más estructurales de medio-largo plazo.
Para hacer frente a la situación actual las principales medidas que propone son:
Medida 1: Incorporar nuevos mecanismos de corresponsabilización de los usuarios mediante la introducción de un ticket moderador de la demanda en atención primaria y urgencias (para reducir la “hiperfrecuentación”) y la revisión del actual modelo de pago farmacéutico.
Medida 2: Incorporar de forma sistemática las nuevas prestaciones y la innovación terapéutica en el sistema, teniendo en cuenta que todas las nuevas prestaciones que se incorporen deben superar unos estándares mínimos de coste-efectividad.
Medida 3: Incrementar la transparencia en el desempeño de los proveedores de servicios sanitarios mediante la publicación de indicadores de resultados.
Medida 4: Fomentar la autonomía de gestión y reforzar los esquemas de incentivos a los centros y a sus profesionales a cambio de la consecución de unos compromisos de calidad clínica, calidad de servicio y eficiencia más exigentes.
(Continuará)
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