Más sobre SOSTENIBILIDAD (del SNS)

Nunca se sabe quien tiene razón, pero siempre se sabe quien manda

Ley de Whistler *

Uno de los lugares comunes que venimos oyendo con (excesiva) frecuencia, desde hace algún tiempo, es que hemos de tener el sistema sanitario (o el estado del bienestar) que podamos pagarnos (colectivamente, se entiende). Pero, ¿cuánto es lo que podemos, o mejor, queremos o estamos dispuestos pagar?

Es claro que hablamos de preferencias de gasto público y de toma de decisiones colectivas, lo que en una sociedad democrática se revela mediante fórmulas de participación pública que permita la discusión racional de diferentes propuestas alternativas y (en su caso) la elección de sus representantes.

Pero se insiste de manera reiterada en la necesidad de reducir, reformular o “repensar el Estado del Bienestar”, refiriéndose sobre todo a políticas de recortes.

Se trata de un debate en el que suelen hacerse muchas trampas y en el que se disfrazan criterios o decisiones de carácter exclusivamente político, con criterios supuestamente técnicos o de expertos. (Claro que lo que está en juego es del orden de 70.000 millones de euros). No está de más recordar que las decisiones en el ámbito de la política sanitaria, como en tantos otros campos, son eso: eminentemente políticas, sobre todo si se trata de acciones que tienen un enorme componente e impacto redistributivo. Es decir, que deben valorarse si las ganancias de los que ganan con los cambios y reformas que se pretenden introducir, superan a las pérdidas de los que pierden, teniendo en cuenta además el coste de oportunidad, o sea, el valor de la mejor opción no realizada. Y ahí está el problema: ¿quién define lo que es mejor?

Hace unos días finalizábamos una de las primeras entradas de este año aludiendo a la I Conferencia General sobre Sostenibilidad del Sistema Sanitario en España, promovida por la Fundación Bamberg. No deja de resultar llamativo que en el discurso de presentación de la misma, el propio Presidente de la Fundación ya tomaba posición de partida:

“Parece que todos estamos de acuerdo en que nuestro sistema sanitario, tal como lo conocemos, no es económicamente sostenible. No solo el nuestro, sino que este es un problema que comparten los países de nuestro entorno [sic].”

Después de señalar al envejecimiento de la población de manera exclusiva, (errónea o interesadamente), como causante de las dificultades económicas para financiar los servicios sociales y de las tensiones en la economía, (en ningún momento se refiere a la incorporación de nuevas tecnologías o medicamentos, a la ineficiencia o la inadecuada práctica clínica…), concluye con un argumento casi circular:

“Todos coincidimos en reconocer el envejecimiento de la población. Este envejecimiento no solo está provocado por el alargamiento de la vida sino fundamentalmente por la baja natalidad. Este hecho incide gravemente sobre la capacidad de financiación de los servicios sociales y sobre la economía en general.

(…) se hace urgente e inaplazable reducir el gasto público mediante la realización de acciones urgentes tales como la racionalización de las prestaciones y la adopción de medidas de recorte de los gastos [sic].”

Todo esto suena mucho a sofismas y profecías autocumplidas.

En el transcurso de la Conferencia, Fernando Lamata, exConsejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha y exSecretario General de Sanidad, actualmente Diputado Regional en las Cortes de Castilla-La Mancha, realizaba una intervención en la que intentaba responder a la pregunta: ¿Cuál es el gasto sanitario razonable, sostenible por un país?

Su respuesta es clara:

"El gasto sanitario total de un país (público y privado) depende de la renta de cada país. Un país más rico puede gastar más y un país pobre, menos. (…) la proporción de gasto sanitario público no depende tanto del nivel de renta, como de la orientación política del Gobierno. La pregunta que se hacen las sociedades es si la atención sanitaria es una cuestión privada, que debe resolver cada uno con su sueldo o sus ahorros, o si es una cuestión que debemos afrontar entre todos, un derecho que debe ser garantizado con fondos públicos, ya que la atención a muchas enfermedades es muy costosa y una familia normal no podría hacer frente a los gastos, se arruinaría o no recibiría atención."

Evidentemente, sostiene Lamata, “el importe del gasto sanitario público crecerá o decrecerá en función de las posibilidades de cada país y de cada momento”, pero concluye que “el gasto sanitario público en España es razonable y proporcionado, adecuado a nuestro nivel de renta. Con datos de OCDE 2011, referidos a 2009, España gasta el 6.99 % del PIB. En Francia, 9.2 %; en Alemania, 8.9 %; en Reino Unido, 8.2 %; en Italia, 7.4 %; en EEUU, 8.3 %. Es decir, nuestro gasto sanitario público no es exagerado. Además, con ese gasto, se ofrece una atención de buena calidad (hasta ahora), para toda la población, con unos resultados excelentes (mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, mejor sistema de trasplantes del mundo, etc.). El gasto sanitario público en España se ha mantenido estable en 2010 y 2011. Es decir, el GSP es 7 % del PIB. Dos puntos menos que Francia, Alemania, un punto menos que Reino Unido, medio punto menos que Italia y que EEUU.”

Finalmente, recuerda que la sanidad, como sector económico, es también un factor de desarrollo, de cohesión social y de estímulo al crecimiento. Por ello, la sanidad debe ser contemplada no sólo como gasto, sino como inversión, como fuente de creación de conocimiento, de riqueza y de empleo.

En línea con esta misma posición, el profesor Viçenc Navarro indicaba en un blog hace un par de meses que:

“En realidad, España se gasta en el Estado del bienestar mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel de riqueza. España, cuyo PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15, se gasta en su Estado del bienestar sólo el 74% de lo que se gasta el promedio de la UE-15. Si se gastara el mismo porcentaje, el Estado del bienestar español recibiría 66.000 millones de euros más de lo que se gasta ahora. Es una falsedad, por lo tanto, indicar que nos gastamos más en el Estado del bienestar de lo que podemos permitirnos.”

                                                                            Foto: Alejandro Ruesga 16-01-2012

El pasado 27 de diciembre la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO presentó también un documento en el que lleva a cabo un análisis y valoración de los presupuestos en materia sanitaria de las diferentes CCAA para 2012, (a excepción de Castilla-La Mancha, en donde todavía no ha sido presentado). El Informe muestra su preocupación por los criterios que se han aplicado en la elaboración de los presupuestos de las CCAA, que afectan de manera directa tanto al futuro como a la sostenibilidad del SNS.

En un librito recién publicado, (Te puede pasar a ti. La Sanidad Pública beneficia a todos. Ed. Proteus. Barcelona, enero 2012), que generosamente me regaló con una amable dedicatoria, Albert J. Jovell se refiere a la viabilidad financiera de la sanidad:

“El gran reto del sistema público español es el de garantizar que los principios liberal-igualitarios de justicia social permitan alcanzar los objetivos de equidad, calidad y eficiencia en la provisión de los servicios de salud”, teniendo en cuenta que en un periodo de crisis como éste en el que nos encontramos, “el desequilibrio entre ingresos y costes obliga a buscar fórmulas que incrementen los ingresos”, lo que pasaría por “aumentar los impuestos directos y los indirectos en aquellas partidas que no cubren necesidades sociales críticas”.

No parece ser ese el camino emprendido; a pesar de las recientes subidas impositivas anunciadas por el Gobierno, la senda de los recortes sanitarios es la más transitada. Algunos ya señalan directamente que “no es la crisis, sino la privatización.”

De cualquier manera, como bien dice J. R. Repullo, en la tarea conjunta y compartida de encontrar soluciones a los retos de la sostenibilidad financiera del SNS no necesitamos ni optimistas o entusiastas ingenuos e irresponsables, ni catastrofistas interesados con discurso único: Realidad hay más de una (Joan C. March y Mª Ángeles Prieto dixit). 

En una Tribuna de prensa publicada hace unos días, (¿Sanidad sostenible? El País,  4/1/2012), Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política. explicaba que en cualquier sociedad democrática los representantes deben explicar sus propuestas de forma sincera y los ciudadanos discutir sobre ellas en la esfera pública, de modo que pueda llegarse a la mayor cantidad de acuerdos posibles…

Lo que ya no está tan claro es que eso esté realmente ocurriendo…

* Comunicada por Manuel Bayona, es una de las derivaciones de la conocida Ley de Murphy