¿La voladura (controlada) del SNS?

Enfermeras del St. Peter’s Hospital de Londres retirando escombros tras un bombardeo. Abril, 1941

Aunque a corto plazo los recortes sanitarios que se están llevando a cabo en todo el SNS no produzcan consecuencias fácilmente medibles, es seguro que a medio y largo plazo tendrán efectos desastrosos sobre la salud y la cohesión social.

Cada vez son más los que se preguntan si en realidad no estamos asistiendo a un progresivo desmantelamiento de ese Estado del Bienestar, al que nuestro país llegó demasiado tarde, (y que por otra parte tampoco fue excesivamente “generoso” en sus servicios y prestaciones, por incompleto y fragmentado en sus niveles de protección en comparación con la media europea), y a un imparable deterioro que supone casi una voladura (controlada) del sistema sanitario público, uno de sus pilares básicos:

  “…con la excusa de una crisis de orígenes distintos a los que se nos quiere hacer creer y por los que se nos insiste en culpabilizar, ha llegado […] el fin de la sanidad pública tal y como la conocíamos”.

Ajustes, recortes y fórmulas privatizadoras están deteriorando los servicios públicos de salud. Ya no resulta extraño leer afirmaciones como las que recoge el comentario editorial (“Sanidad en caída libre”) del diario EL PAÍS del 21 de febrero: 

“Las consecuencias de tales recortes [sanitarios] son preocupantes: escasez de material básico como mantas, vendas y gasas,, listas de espera en aumento, cierre de quirófanos, desvío de enfermos con capacidad adquisitiva a centros privados, reducciones de plantilla y malestar entre el personal sanitario”.

“La calidad asistencial corre el riesgo de quedar erosionada hasta límites hasta hace poco insospechados para un sistema bien valorado por su universalidad y su eficiencia, responsable, entre otros, de que España se sitúe entre los primeros países del mundo en índice de desarrollo humano”.

Ante ello, “…sus gestores tienen la obligación de ser extremadamente escrupulosos y explorar vías de ajuste que no repercutan en la calidad del servicio”.

Sin embargo, algunos datos “indican que se está optando por una estrategia que agrava el deterioro de la prestación. El más inquietante es la defensa por el Partido Popular de la gestión privada por considerarla más eficiente para ofrecer un servicio que, dice, sigue siendo público por gratuito”. (…) “Otra muestra es el avance de los fondos de capital riesgo como gestores de centros públicos de salud. Esos fondos, que forman un oligopolio en España, tienen un único cliente —el servicio público de salud— y beneficios de los que no parece que estén sacando provecho ni el ciudadano ni las arcas públicas”.

En estas difíciles circunstancias, en un ambiente de amplio descontento y malestar social, en el que se multiplican las protestas y manifestaciones, acaba de constituirse una plataforma social, integrada por cuarenta organizaciones sociales y sindicales y que ha sido presentada en rueda de prensa el día 20 de febrero por los secretarios generales de las dos centrales sindicales mayoritarias en nuestro país. He aquí algunos párrafos significativos del Manifiesto en defensa del Estado de Bienestar y de los servicios públicos que han presentado:

“Las decisiones que están adoptando la mayoría de los gobiernos de recortar el gasto social, a través del deterioro de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público, ponen en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos. Es deber de la ciudadanía defenderlo y propugnar unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles, que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad”.

            Protesta frente al Hospital Gregorio Marañón. 5 de febrero de 2012. Foto EFE

“Defendemos unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía, como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, en pueblos y ciudades, basada en la justicia distributiva y la universalidad, en la que las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles. En España la población empleada en el sector público es inferior al 10%, mientras que la media en la UE-15 alcanza el 16%. Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción del empleo público. Por ello, rechazamos cualquier medida encaminada a reducir la presencia y protagonismo de los servicios públicos en nuestra sociedad”.

“El gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, sanitaria y de servicios sociales, es la contribución directa que las administraciones deben hacer para favorecer la salida de la crisis”. (…)

Ante todo ello cabe preguntarse si los actuales gestores están realmente seguros de lo que hacen, o si en muy poco tiempo no veremos reducido a escombros el SNS y otros sistemas de protección social, al menos tal y como los veníamos conociendo hasta ahora…