Foto: Volcán Eyjafjallajökull
“Lo que se declara tolerable, o intolerable, cambia según los asuntos de que se trate: costumbres, modo de hablar, ideologías políticas o sociales, tendencias artísticas, creencias religiosas, teorías filosóficas o científicas, etc. Se topa uno a menudo con gentes muy tolerantes con la indumentaria y muy intolerantes con ideologías políticas, y viceversa. Cambia asimismo según las circunstancias o las épocas. (…) La dosis de tolerancia y, por tanto, también de intolerancia, cambia además según los temperamentos y según la educación recibida, así como de acuerdo con el interés mayor o menor que pueda manifestarse sobre el asunto en cada caso debatido”.
José Ferrater Mora
Ética aplicada. Del aborto a la violencia (Alianza Editorial, 1981)
Como se ha repetido hasta la saciedad, la condición y la protección que debe darse al embrión y al feto humano, desde el punto de vista ético y jurídico, constituye seguramente uno de los debates doctrinales más encendidos de nuestro tiempo. Pero más allá de posiciones personales, creencias, ideas u opiniones, (la propia OMS considera que “el aborto terapéutico es un principio universal aceptado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas, [que] trasciende diferencias culturales, credos religiosos e ideologías políticas”) no hay mucho que decir, salvo manifestar una mezcla de asombro, sorpresa, perplejidad, enfado o irritación, sobre las intenciones declaradas por el Ministerio de Justicia de modificar la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) vigente en nuestro país, que nos retrotrae a viejos debates de hace casi treinta años, que (casi) todos considerábamos superados...
Los resultados de una reciente encuesta no dejen lugar a dudas: una inmensa mayoría de los españoles (81%) está en desacuerdo con la propuesta de eliminación del supuesto de aborto por malformación grave del feto, incluidos los votantes del partido del ministro y los católicos practicantes. Dos de cada tres de sus votantes, el 65%, y el 64% de los que se declaran católicos están en contra, según ese sondeo de Metroscopia.
He aquí una breve muestra de algunas reacciones suscitadas ante el anuncio:
- Una carta abierta, con un elocuente título, de un prestigioso neurocirujano infantil, en la que expone desde su experiencia los sufrimientos que padecen los niños afectados por malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o la espina bífida abierta: “Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento”.
- Una dura entrevista con la madre de una niña que murió de siete meses, con una atrofia espinal: “Si me quedase embarazada de otro bebé tan enfermo iría a abortar fuera”.
- Diversas Tribunas, editoriales, cartas y artículos de opinión:
Y una entrada en el blog Punts de Vista de Àngels M. Castells.
Lo cierto es que, como acertadamente señala Soledad Gallego-Díaz, "quizá la única certidumbre que podemos tener los seres humanos en épocas como esta es precisamente que existe la obligación de no contribuir a aumentar el dolor, eso que parece despreciar con tanto desdén y tanta frivolidad nuestro ministro de Justicia." (La única certidumbre. El País, 29 de julio de 2012).
Conviene recordar (¡hay que retrotraerse hasta 27 años!) que la Ley Orgánica 9/85 de 5 de julio incorporó el artículo 417 bis del Código Penal, despenalizando la IVE. En la sentencia de abril de ese año, el Tribunal Constitucional afirma que “indisolublemente ligado con el derecho a la vida (artículo 15 de la Constitución Española) en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona (artículo 10)”. La sentencia realizaba una serie de consideraciones sobre el derecho a la vida, concluyendo que es “un concepto jurídico indeterminado” y, en relación a la malformación del feto, que “el fundamento de este supuesto se encuentra en la consideración de que el recurso a la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia. La afirmación anterior tiene en cuenta la situación excepcional en que se encuentran los padres y especialmente la madre, agravada en muchos casos por la insuficiencia de prestaciones estatales y sociales. Sobre esta base, este supuesto no es inconstitucional”.
Ahora se pretenden impedir los abortos de los fetos malformados (¿de qué sirven entonces los avances médico-científicos que permiten conocer la malformación o el defecto genético cuando aún se está a tiempo de curarlos o de ahorrar un indecible sufrimiento a criaturas abocadas a una vida desgraciada, y a sus padres?).
En un ejemplo poco sutil de manipulación del lenguaje, retorciendo los argumentos de una forma burda, a la que parecen querer acostumbrarnos en los últimos tiempos, supuestamente se pretende justificar y basar tal reforma en la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad de 2006. A este respecto, el artículo 10 de la misma dice literalmente:
Derecho a la vida. Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás [subrayado nuestro].
La escritora Elvira Lindo denunciaba esta falacia: “Lo que tengo claro es que no se debe permitir que el lenguaje se pervierta de tan cínica manera: ¿por qué dejar que se llame “humanidad” a lo que sin duda es exactamente lo contrario? Y, menos aún, en momentos como estos en los que el Gobierno está arrebatando derechos a los más débiles. (…) Permítanme que solo me centre en estas tres noticias, recortes en la educación pública y ganancias en la privada, retirada de atención médica a bebés, criminalización de mujeres que no quieren traer al mundo a una criatura sufriente." (A esto le llaman humanidad. El País, 29 de julio de 2012).
Y es que, como decía Santos Juliá, (La política contra el Estado El País, 29 de julio de 2012), “…para remate de este aciago curso, el ministro de Justicia no tiene mejor ocurrencia que reafirmar el derecho al nacimiento de los fetos con graves malformaciones genéticas. Y esto no es solo un ataque frontal desde la política al Estado; esto es una entrega al fanatismo y al oscurantismo religioso, la más devastadora de nuestras tradiciones históricas, la que cuenta entre sus mayores éxitos haber impedido durante cerca de dos siglos la construcción de un Estado de derecho”.
Esto no pinta bien y uno se pregunta si este tipo de iniciativas no son tal vez sino simples cortinas de humo y maniobras de distracción…
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