Foto: GoPro. L'HuffPost Italia
El diario El
País publica en su edición del domingo 28 de octubre un amplio reportaje
sobra las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS): Las listas de espera se agravan. El resultado de las políticas de recortes indiscriminados en el sector
sanitario parece que comienza a ponerse de manifiesto con toda su crudeza: “…el hachazo
de más de 5.000 millones que las comunidades han dado a sus presupuestos para
sanidad desde 2010 —partidas que luego en muchos casos han sido aún más
esquilmados en revisiones posteriores— se está notando. La falta de medios, de
personal y de camas se traduce en un aumento del tiempo de demora tanto en las
listas de espera quirúrgica como en la de pruebas diagnósticas. El número de
pacientes en espera para una radiografía, una ecografía o una resonancia ha
aumentado un 4%”.
Entre diciembre de 2010 y
junio de 2012 el tiempo de espera para operarse aumentó en un 125%. Hay más
ciudadanos esperando y durante más tiempo, porque el plazo de demora media
también ha aumentado: de 32 a
72 días, según los datos facilitados por 10 CCAA, (al parecer, el resto se han
negado a aportar información).
Según refleja el artículo, “ninguna comunidad puede presumir de la situación de sus listas de
espera, pero la situación es especialmente grave y sonrojante en Extremadura y
en Castilla-La Mancha. Los ciudadanos de estas dos comunidades esperan para
someterse a una operación 43 y 58 días más de media, respectivamente –hasta los
109 y 107 días-, que hace un año y medio”.
Ya
se sabe que las listas de espera
en atención sanitaria no son exclusivas del SNS; son un fenómeno que se da en
muchos países con sistemas sanitarios públicos de aseguramiento universal y
presupuesto global cerrado, y no en los sistemas de aseguramiento que
reembolsan a sus proveedores mediante pago por acto. Afectan tanto a la AP como
a la AE (consultas externas, exploraciones y pruebas diagnósticas, etc.) si
bien las que han tenido siempre una mayor repercusión social son las que
afectan a procedimientos quirúrgicos.
El interés y la preocupación
por las listas de espera vienen de lejos. En noviembre de 2000 la Agencia de Evaluación de Tecnología e
Investigación Médica de Cataluña elaboró un Informe Técnico sobre la “Situación y abordaje de las listas de espera en Europa” poniendo de manifiesto este problema.
Poco después, una
vez producida la transferencia de las competencias en atención sanitaria a
todas las CCAA el Defensor del Pueblo de España publicó el Informe “Listas de espera en el Sistema Nacional de
Salud” (2003),
en el que llegaba a afirmar: En España, al igual que en otros países de nuestro entorno
económico y social, existe un elevado número de pacientes que deben esperar meses
e incluso años para ser diagnosticados o recibir tratamiento especializado,
interrumpiéndose durante estos períodos la efectividad del derecho a la
protección de la salud. Y
todavía hoy, las quejas y reclamaciones por este motivo ante esa Institución siguen siendo muy
numerosas.
La preocupación
por las listas de espera ha venido siendo también una constante en todas las
CCAA y fue uno de los primeros temas abordados desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM), una
vez asumidas las transferencias sanitarias.
En su momento, la
promulgación de la Ley 24/2002, de 5 de diciembre, de Garantías
en la Atención Sanitaria Especializada estableció unos tiempos máximos de
respuesta para recibir atención, así como un sistema de garantías, que permitió hacer frente con éxito al problema, disminuyendo
el número de pacientes y los tiempos de espera para distintos procesos, (como
se puede comprobar por la evolución de los datos en las Memorias del SESCAM).
En febrero de 2012
la ley fue modificada. En su nueva redacción se suprime el derecho de los pacientes a
elegir el centro para ser atendido dentro de la red de servicios propios del
SESCAM, así como la posibilidad de ser atendido en cualquier otro centro
sanitario –público o privado- en el caso de que se superasen los tiempos
máximos de respuesta establecidos, con cargo al Servicio de Salud.
[Hacer click sobre la tabla para ampliar]
En
principio parece obvio que las listas de espera guardan relación con el desequilibrio entre la
oferta y la demanda y el grado de autorregulación entre ambas, pero esto no
debe llevar a la fácil conclusión de que la solución del problema consiste
únicamente en un incremento de recursos. La evidencia empírica internacional
pone de manifiesto que incluso aumentos muy significativos de recursos no se
han demostrado realmente eficaces para solucionar el problema.
Diversos
factores por el lado de la demanda, (envejecimiento de la población, “medicalización”,
mayor preocupación por la calidad de vida, etc.), y por el lado de la oferta
(mayor accesibilidad, innovación tecnológica) presionan claramente hacia un
incremento en la utilización de servicios, lo que hace que la demanda continúe
en aumento.
Una
lista de espera puede servir como instrumento de
planificación del trabajo y de asignación de recursos. Es también, sin duda, un
método para organizar la actividad sanitaria y no es indicativa per se de
una mala gestión, pero pierde su sentido si el número de pacientes es muy elevado
y el período de espera se prolonga cada vez más. En
estos casos, las listas de espera
son un problema importante para los ciudadanos y para el sistema sanitario,
pues el tiempo de espera va más allá de lo
razonablemente aceptado por el paciente y por el propio sistema.
Un trabajo publicado en 2007 en la Revista de Calidad
Asistencial (Tiempos
de espera aceptables y repercusiones de la espera desde la perspectiva de los pacientes) dejaba bien a las claras que la espera no tiene las mismas implicaciones y
repercusiones para cada tipo de proceso ni lógicamente tampoco lo tiene para
cada paciente en particular en razón de su gravedad. En este sentido, desde el
punto de vista técnico y ético, las listas de espera no deberían incluir a
ningún enfermo cuya espera pudiera comprometer su evolución o el pronóstico de
su proceso patológico o fueran susceptibles de generar secuelas, ni tampoco a
los procesos cuya espera sea considerada socialmente inaceptable. Por ello, los
tiempos máximos deberían establecerse teniendo en cuenta los distintos procesos
y las prioridades clínicas, sin perjuicio de que complementariamente se puedan
establecer tiempos máximos de carácter general socialmente razonables, teniendo
en cuenta las repercusiones percibidas por los pacientes.
Algún otro estudio (Percepción y expectativas del paciente mayor en la atención especializada) ha constatado también que los pacientes comprenden y ven razonable esperar para
ser vistos en consulta, pero consideran excesivas las citas superiores a un año.
La insatisfacción aumenta cuando se trata de citas para revisión o para valorar
pruebas complementarias.
Para
enfrentar la problemática de las listas de espera los gobiernos y autoridades
sanitarias han venido desarrollado diferentes actuaciones dirigidas a paliar,
por un lado, las implicaciones sanitarias y, por otro, las implicaciones
sociales que conllevan. Estas acciones, que inicialmente estaban focalizadas en
un interés desmedido en la reducción del número
de enfermos en espera, se modificaron después para
centrarse en el concepto de disminuir el tiempo
de espera y en el conocimiento de la composición
de las listas de espera.
Muchas
son las estrategias planteadas, tanto en España como en el resto de los países
de nuestro entorno, con el fin de gestionar y normalizar las listas y tiempos de espera. (En 2011 la Fundación Alternativas publicó un buen
documento de revisión: Gestión de listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Una breve aproximación a su análisis, de Álvaro Santos y Agustín
Cañizares).
Todas ellas inciden en la necesidad de que para gestionar racionalmente las listas de espera habría que
poner especial énfasis en aspectos tales como crear y mejorar los sistemas de
información sobre las mismas, incrementar la
transparencia, analizando y publicando los datos sobre listas
y tiempos de espera, y establecer sistemas de
priorización.
Sobre este último aspecto se han llevado a cabo muchos
estudios y trabajos desde hace muchos años. La Asociación Española de Cirujanos
publicó en 2002 un Informe sobre los criterios para establecer prioridades alincluir pacientes en lista de espera de cirugía realizado a partir de las recomendaciones de un Informe Técnico sobre Listas de
Espera elaborado un año antes, (septiembre de 2001), por un Grupo de Expertos
del Consejo Interterritorial del SNS.
En la mayoría de ellos se defiende que el orden de
intervención debería estar determinado por otros criterios relacionados con la
necesidad de la cirugía, aparte del tiempo de espera. Establecer criterios de
priorización permitiría hacer explícitos los criterios empleados ya de forma
implícita. Se han citado, entre otros, la gravedad de la enfermedad y su
progresión, la percepción sobre las limitaciones funcionales —limitación de las
actividades de la vida diaria y limitación para trabajar—, así como la
existencia o no de dolor. (Criterios para priorizar a pacientes en lista de espera para procedimientos quirúrgicos en el SNS, 2009).
Además, como explica el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, en el artículo de El País: "la demora genera más listas de espera, porque provoca incapacidades temporales, más gastos en personal, en medicamentos y en pruebas diagnósticas. Las medidas de teórico ahorro que las comunidades están aplicando afectan mucho a este campo y van a provocar un gasto duplicado e inevitable el día de mañana".
Cabe
recordar también que las listas de espera son la principal causa de
insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública, según ponen repetidamente
de manifiesto los barómetros sanitarios del Ministerio de Sanidad. En el último publicado (2011), el porcentaje de personas que creen que las
listas de espera han empeorado ha pasado en un año del 11.71% al 18.17%...
Finalmente,
en estos momentos de crisis, el Dr. Albert
Jovell reclama información, explicaciones claras y honestas, transparencia
frente a opacidad y compromiso con la honestidad terapéutica, que implica tanto
a las administraciones sanitarias, como a los profesionales y a los ciudadanos:
“Lo contrario daña nuestro modelo de
justicia social. Así, en momentos de crisis los políticos deben socializar los
problemas y discutir abiertamente con los representantes legítimos de los
pacientes. (…) Contrasta con que en determinadas regiones estén desapareciendo
los defensores del paciente o del usuario, en aras de conseguir la mayor
eficiencia que resulta de tomar decisiones sin estar obligado a rendir cuentas.
Ir justos de presupuestos nos obliga a promover una mejor democracia en la
gestión de los servicios de salud”.
Los
pacientes en lista de espera no pueden encontrarse en un limbo o “en medio de
ninguna parte”...
