Hay pocos temas que sean tan proclives al debate político e ideológico como la privatización y la externalización de los servicios públicos. Los argumentos de eficiencia, efectividad, calidad y satisfacción son usados de forma indistinta para defender o impugnar estas políticas.
J. R. Repullo
Con la (casi) perfecta e incontestable excusa de la crisis como argumento principal, siguiendo un guión preciso y una hoja de ruta perfectamente diseñada, a la que acompaña una falaz e insistente cantilena, (“la gestión privada es más eficiente, más eficaz”), que vienen repitiendo desde siempre, los gobiernos “liberal conservadores” de diferentes comunidades autónomas se han lanzado a una acelerada política de reducción y desmantelamiento del sector público a través de una serie de privatizaciones y fórmulas mixtas de colaboración público-privada en sus diversas variantes, (gestión indirecta, PPP, PFI, etc.), en la provisión de servicios públicos.
En el caso de los servicios sanitarios asistimos a constantes y reiteradas apelaciones a la supuesta superioridad de lo privado frente a lo público, a la aseveración de que el sistema privado es más eficiente que el público, o que los usuarios están “abusando” del mismo, lo que hace que el sector público sea lento, caro, insostenible y burocrático, frente al eficaz mundo privado.
¿Hacia donde vamos?, se preguntaba también hace unos días Vicente Baos @vbaosv en su blog, y añadía: “La crisis económica, que para las administraciones públicas es una crisis de recursos económicos vía impuestos por la baja actividad económica y un alto coste de la financiación necesaria, supone la excusa perfecta para elegir entre dos caminos posibles: uno de ellos sería el análisis detallado y la modificación del sistema sanitario, en colaboración con los profesionales implicados y comprometidos con el sistema público, de las fuentes de ineficiencia y gasto superfluo; y el otro, el elegido por los actuales gobernantes impregnados de ideología neoliberal en lo económico y social, que opta por entregar a empresas con ánimo de lucro, en colusión con claros conflictos de intereses, la gestión de todo el sistema público”.
Pero lo cierto es que la evidencia revela que las empresas y la gestión privada no siempre se comportan mejor, -en términos de eficiencia productiva-, que las empresas y la gestión pública. La comparación basada exclusivamente en criterios como el beneficio o la rentabilidad del capital puede verse afectada por su estructura o su complejidad, o la atribución a la empresa pública de otras funciones u objetivos (redistribución, mantenimiento de empleo, cohesión social, política industrial o desarrollo regional, por ejemplo) Resulta también inapropiada en sectores o contextos no competitivos o caracterizados por la existencia de otros desequilibrios, “externalidades” o “fallos del mercado”, (características que impiden que el mercado actúe correctamente en la producción y la distribución de determinados bienes y servicios que se consideran bienes públicos o bienes tutelares, preferentes o de mérito).
En este mismo sentido se pronunciaba hace unos días Juan Oliva Moreno, Presidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES), afirmando claramente que: "actualmente no se ha demostrado que la colaboración público-privada en la Sanidad tenga meyores ventajas¨. "No hay una evaluación de que la gestión privada sea más eficaz que la pública, ni viceversa".
Igualmente, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria acaba de hacer público el documento “Posicionamiento de SESPAS sobre las políticas de privatización de la gestión de los servicios sanitarios”, en el que entre otras cosas se dice lo siguiente:
“El discurso de la superioridad de la gestión sanitaria privada frente a la pública se ha instalado como un lugar común en muchos de los discursos realizados por responsables sanitarios” (…)
“Sin embargo, la retórica, que insiste en afirmaciones del tipo “se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente” y ”da buenos resultados clínicos”, pese a su reiteración aun no se ha dotado apenas de evidencia que la sustente. Quienes en nuestro país aplican sus saberes e instrumental analítico a la evaluación de políticas sanitarias apenas pueden ir más allá de constatar que no se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones. En buena medida por insistencia demostrada por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información necesaria para verificarlas, lo que parece traducir un importante desinterés por evaluar estos modelos y un claro déficit democrático”.
“…las estrategias de gestión sanitaria privada, especialmente las cada día más propugnadas de colaboración público privada, contrariamente a lo que publicitan sus defensores, no han demostrado en la práctica ventajas que aconsejen su adopción. De un lado, las fórmulas de concesión de obra pública han dado lugar a notables problemas financieros derivados de los mayores costes de financiación (Reino Unido) o a disfunciones asociadas a restricciones en la competencia en el mercado (Italia). Por otra parte, los modelos de concesión administrativa sanitaria (“modelo Alzira”) presentan más sombras que luces”.
Es este panorama 'privatizador', ya bastante generalizado, (La gestión privada de la sanidad se extiende en las autonomías del PP EL PAÍS 3-11-2012; Diez hospitales públicos, al mercado de una tacada EL PAÍS 26-11-2012), en alguna CCAA intentan desmarcarse con un discurso propio en el mantenimiento del sistema sanitario público: Andalucía defiende que la sanidad privada tiene más coste y peor resultado (EL PAÍS 13-11-2012).
Hay además algún aspecto que apenas se comenta en todo este debate. Aunque la mejora de la eficiencia es el principal argumento esgrimido en los procesos de privatización, jamás puede ser una excusa para que los gobiernos eviten sus compromisos y obligaciones. Cuando, de una forma excesivamente maniquea, se plantea la disyuntiva entre gestión pública y gestión privada, llama poderosamente la atención algo sobre lo que nunca se ha insistido lo suficiente: la confesión y el público reconocimiento de incapacidad o incompetencia para dirigir, administrar y gestionar de manera más eficiente los recursos públicos disponibles. A modo de resumen cabe decir que las fórmulas PFI (iniciativas de financiación privada) se plantean cuando escasea el presupuesto público, desplazando un gasto de inversión a un canon que pagará la siguiente generación. Cuando el sistema lleva aparejado una concesión administrativa para explotar y operar el servicio sanitario, (PPP o colaboración público-privada), es otro tipo de modelo. La situación podría definirse así: “cuando el gestor público renuncia a hacer gestión pública”; y por lo tanto es una buena manera de escapar de su responsabilidad, en la medida en que supone una dejación y renuncia a la obligación de gestionar los recursos que la sociedad pone a su disposición.
En estos días se convocan una serie de protestas generalizadas y una huelga en la sanidad madrileña en contra de las medidas de privatización contempladas en el denominado pomposamente “Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid”. El presidente regional ha asegurado que "no tiene ningún plan de acoso, ni de derribo contra nada" sino que su responsabilidad es "mantener en funcionamiento los servicios públicos extraordinarios que se han construido en los años de bonanza" y que ahora corren peligro por la crisis. (…) el eslogan de esta huelga, "y lo que está detrás de las movilizaciones sindicales", es "falso de toda falsedad" pues "nadie está privatizando ni va a privatizar" el sistema sanitario y va a mantener su carácter "universal, gratuito y de la máxima calidad". (EL PAÍS 27-11-2012)
Es curioso comprobar cómo se repiten los mismos argumentos en distintos lugares: Hace año y medio, ante la acusación de que las medidas de reforma sanitaria contempladas en la Health and Social Care Bill supondrán inevitablemente la privatización del NHS, el gobierno conservador del Reino Unido respondía que los servicios seguirán siendo financiados públicamente y seguirán siendo gratuitos en el momento de la prestación. Sin embargo, como concluían los autores del artículo Further privatisation is inevitable under the proposed NHS reforms. BMJ 2011;342:d2996. (17 mayo 2011): "The coalition government’s repeated denials of NHS privatisation do not stand up to scrutiny. The public is being misinformed and misled about the objectives and consequences of the Health and Social Care Bill".
De cualquier forma, es seguro que todas estas experiencias, llámense de gestión indirecta, externalización o privatización, (la terminología es objeto de discusión), han de estar sujetas a unos exigentes mecanismos de regulación y control, con un grado de transparencia e independencia suficiente, que dificulten o impidan la existencia de conflictos de interés y los costes de interferencia e influencia política. En todo caso, debería seguirse un principio de complementariedad y congruencia, teniendo un carácter minoritario en relación con otras fórmulas de provisión pública o privada sin ánimo de lucro, de forma que los intereses por la rentabilidad y el beneficio no predominen a la hora de establecer o definir la orientación estratégica de las políticas públicas. (Porque cuando la sanidad se mide exclusivamente en términos de rentabilidad económica, deja de ser un servicio público para convertirse en un negocio…).
Y una última cosa, tampoco se puede olvidar que reducir el gasto no supone mejorar el sistema…
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Demasiado a menudo tiene uno la sensación de que algunos gobernantes actúan "a tontas y a locas" y se comportan como tales tontilocos. Y aunque no poseamos pruebas médicas de que estén locos, como dice John Carlin, (De políticos y de locos EL PAÍS 9-11-2012) la cuestión es, ¿estaríamos mejor si realmente lo fueran?
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Así está ahora mismo el patio en Madrid:
Privatizaciones y actos de fe (EL PAÍS 23-11-2012)
Sanidad pública (EL PAÍS 26-11-2012)
Una marea contra la privatización (EL PAÍS 26-11-2012)
Y recordemos por último, que la cosa viene ya de lejos:
Aguirre extiende la privatización a los cuatro grandes hospitales públicos (EL PAÍS 24-9-2010)
Sanidad pública, gestión privada (EL PAÍS 19-3-2010)
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Actualización:
El diario EL PAÍS publica un artículo editorial sobre este asunto el jueves 29 de noviembre, en el que se alude precisamente a la dejación de responsabilidades de los gobiernos conservadores en la gestión sanitaria:
Los planes de privatizar la gestión de centros amenazan la calidad de la sanidad pública
"Frente al mantra del PP [se refiere a las supuestas ventajas del modelo privado frente al público] cabe preguntarse si sus políticos no están haciendo dejación de su responsabilidad de gestionar correctamente los bienes públicos. Y dado que no está probado, como defienden, que con menos dinero se pueda hacer más y, además, obtener beneficios privados, está más que justificada la alarma social que generan sus proyectos".
"...una cosa es fomentar la iniciativa privada y otra muy distinta jibarizar el Estado transfiriendo a aquella los supuestos excedentes públicos de un servicio esencial cuyos únicos beneficios debieran ser sociales".
