Privatizaciones, balances y ‘equilibrios económico-financieros’

No existe la vía 7… Foto: @manyez

Cuentas ‘secretas’

En julio de 2010, un Informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid criticaba el descontrol existente por el SERMAS, (Servicio Madrileño de Salud), sobre los hospitales privados a los que se derivaban pacientes a través de convenios o conciertos de colaboración.

Ante la puesta en marcha de los nuevos hospitales de gestión compartida mediante fórmulas de “colaboración público-privada”, el informe ya recomendaba entonces que, antes de elegir una modalidad de atención u otra, "la Consejería de Sanidad debería estudiar, en términos de economía, eficiencia y eficacia, las distintas formas de gestión", comparándolas entre sí y con las que resultarían si prestara el servicio directamente con sus hospitales.

El informe se refería únicamente al año 2007, en que se puso en marcha el primer hospital de gestión enteramente privada en Madrid, Valdemoro. En 2008 entraron en funcionamiento otros seis nuevos hospitales de gestión mixta, es decir, con profesionales sanitarios públicos y personal no sanitario aportado por las empresas concesionarias a las que se adjudicó el concurso para construir y gestionar los centros.

Entre sus recomendaciones el informe señalaba también que, con la puesta en funcionamiento de los nuevos hospitales y otros, entonces en fase de licitación, "en ejercicios futuros será necesario que Sanidad refuerce sus unidades de control" para garantizar que la asistencia sanitaria "sea prestada en condiciones de equidad e igualdad a todos los ciudadanos".

Hemos conocido después que en abril de 2011, hace poco más de año y medio, a través de una carta de SEOPAN, asociación de empresas constructoras de ámbito nacional, en representación de las concesionarias de los hospitales solicitaron 80 millones de euros más al Gobierno de Madrid y advirtiendo del "colapso" si no los reciben.  

Resulta también significativo destacar alguno de los párrafos de la carta:

“Transcurridos tres años desde la apertura de los nuevos 7 hospitales, no hay acuerdo ni en cómo medir las intervenciones quirúrgicas reales ni mucho menos en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas que el hospital no puede registrar de forma codificada y por tanto, mostrar en estadística”.

Lo que entonces se desconocía, y ahora ha desvelado otro informe de la Cámara de Cuentas que puede ser consultado en la página Web de la institución, es que ya un año antes, en 2010, la Comunidad de Madrid tuvo que “restablecer el equilibrio económico financiero” de las concesiones de seis hospitales. Un acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en septiembre de 2010, del que no dio cuenta en su día, modificó al alza el canon (CMA o cantidad máxima anual) que reciben: Madrid tuvo que rescatar en 2010 a sus hospitales de gestión semiprivada (EL PAÍS 24-10-2012).

El Gobierno se ha apresurado a hablar de que no se trataba de un “rescate”, sino del “restablecimiento del equilibrio financiero” por la realización de mejoras en las instalaciones que supusieron gastos adicionales por modificados en las obras llevadas a cabo por las constructoras.

Casi simultáneamente, el Presidente de la Comunidad realiza una interesante afirmación en sede parlamentaria y promete acabar con la opacidad del presupuesto sanitario, que hasta ahora no era fiscalizado por la Asamblea regional ni era conocido por los diputados, lo que suponía que, en la práctica, las cuentas del Servicio regional de Salud eran secretas.

El hecho es que esta situación ha sido severamente criticada desde diversas posiciones: Los nuevos hospitales de Madrid: opacidad y despilfarro.

Opacidad y desgobierno: incendios

No parece casual que, apenas cinco días más tarde, en plena víspera de un largo puente festivo, y con la más que probable intención de que pasase lo más inadvertido posible, en la presentación de los presupuestos de la Comunidad para 2013, el Presidente de la Comunidad anuncia un sorprendente plan [González dibuja un nuevo mapa sanitario. EL PAÍS 1-11-2012, que supone la privatización de buena parte de la sanidad madrileña], en el marco de un Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario público de la Comunidad de Madrid.

 

Además de implantar una tasa de un euro por receta, como ya ocurrió en Cataluña, algunas de las medidas más llamativas son las siguientes:

  

·         Privatización total de la gestión de los ‘nuevos’ hospitales (H. Infanta Leonor, H. Infanta Cristina, H. Infanta Sofía, H del Sureste, H. del Tajo, H. del Henares). El Hospital Rey Juan Carlos, de Móstoles, ya está gestionado por Capio.

·         Externalización del 10% de los Centros de Salud. Preferentemente, con gestión de los profesionales agrupados en sociedades; de no concurrir, concurso para empresas.

·         Transformación del Hospital de la Princesa en centro especializado para mayores de 75 años y del Hospital Carlos III (actualmente puntero en enfermedades infecciosas, entre otras) en centro de media y larga estancia.

·         Externalización de todos los servicios no sanitarios (cocina, lavandería) de todos los hospitales y privatización de la gestión de la lavandería central.

Resulta curioso comprobar cómo algunos responsables políticos parecen sentirse autorizados y legitimados para adoptar cualquier medida y tomar cualquier decisión sin necesidad de dar explicaciones, sin rendir cuentas y sin que se produzca ningún tipo de debate racional con la ciudadanía y entre los diferentes grupos o agentes de interés. 

A algunos les puede parecer ocioso recordar que una cosa es la legitimidad de origen y otra muy distinta la legitimidad de ejercicio. Y aunque se hayan acostumbrado a lo contrario, toda sociedad democrática, moderna, moralmente avanzada y mínimamente articulada, requiere de buen gobierno, es decir, transparencia, debate y discusión pública,  participación ciudadana, responsabilidad y rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Porque nadie discutirá y pondrá en duda que se haya alcanzado el poder de forma democrática (faltaría más); pero otra cosa es cómo se ejerce ese poder, (por desgracia, en la historia hay notables ejemplos de regímenes autoritarios implantados tras la llegada al gobierno por medios democráticos).

El resultado del anuncio ha sido un bonito incendio que se refleja estos días en los medios de comunicación y en algunos blogs sanitarios, donde se recogen varios autorizados artículos de opinión, denunciando en algún caso la utilización de argumentos interesados y discursos tramposos:

·         Un negocio de 400 millones de pesetas

 ·         La Princesa pelea su futuro (EL PAíS 5-11-2012)

 ·         El bastión de la ‘marea blanca’ (EL PAÍS 10-11-2012)

·         Privatizando. (Elvira Lindo. EL PAÍS 7-11-2012)

 ·         La sanidad de Madrid o el juego de los despropósitos. (J. M. Ribera Casado. EL PAÍS 10-11-2012)

 ·         Privatización en Madrid (Vicente Baos)

·         Derribos González (Sergio Minué)

El rechazo profesional y social a los planes privatizadores del Gobierno regional ha sido generalizado, con protestas, encierros y manifestaciones continuas.

Se han producido también episodios chuscos, como el hecho de que la propia alcaldesa de Madrid, del mismo partido político que el gobierno autonómico, apoyase con su firma, las reivindicaciones de los profesionales del Hospital de la Princesa.

Parece que a la vista de esta oposición frontal los responsables sanitarios están  intentando ganar tiempo e incluso se plantean dar marcha atrás en sus planes para el hospital de la Princesa, como recogen algunas noticias, que serían buenas noticias.

Seguiremos atentos…

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