El estado de la cuestión [sanitaria] (I)

 “Vivimos tiempos realmente complicados. Estamos en plena crisis social, económica y política. Nos sentimos desbordados por los acontecimientos, dentro de un espacio turbulento, en un torbellino de declaraciones que parecen cargadas de razón y desaparecen de un día para otro. Ruido, mucho ruido, y pocas referencias estables a las que agarrarnos.”

José Luis Larrea. Superficialidad y estupidez

Tiempos duros y difíciles, tiempos de declaraciones, de comunicados, de manifiestos, de informes, de contrainformes y “posicionamientos” sobre la sanidad y el sistema sanitario público... 

Desde la publicación del Real Decreto Ley 16/2012, en abril de 2012, y el posterior cortejo de recortes presupuestarios, reducción de servicios asistenciales, limitación de prestaciones o supresión de derechos, se viene (re)produciendo un goteo ininterrumpido y constante de noticias, análisis, artículos de opinión en la prensa convencional y en los medios electrónicos, en publicaciones y revistas especializadas o en el universo de la blogosfera sanitaria, sobre los cambios que están ocurriendo día a día en el SNS.

La ausencia de un debate político y público ordenado y riguroso, promovido desde el gobierno y las distintas administraciones sanitarias, no ha impedido (más bien lo ha fomentado) que Internet y el eco de las redes sociales amplifiquen y multipliquen las intervenciones, difundan la opinión y los puntos de vista de expertos, asociaciones y colectivos profesionales sobre el malestar sanitario.

Hemos recopilado aquí algunos de los más importantes por orden cronológico:

·         Posición de la Asociación de Economía de la Salud (AES) sobre la reforma del derecho subjetivo a la asistencia sanitaria universal introducido por el RDL 16/2012 (10 de julio de 2012).

La AES destaca sobre todo la revocación del derecho universal a la asistencia sanitaria, en virtud de la condición de ciudadano, para volver a un modelo ‘tradicional’ de Seguridad Social cuyo acceso solo se garantiza a ‘asegurados’ y ‘beneficiarios’.

·         Manifiesto a la opinión pública de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS) (julio de 2012).

La SEAUS señala que el citado RDL 16/2012 modifica elementos sustanciales del sistema sanitario público, ya que supone en la práctica una reducción en las prestaciones y una disminución de los recursos presupuestarios, lo que conlleva en gran medida el desmantelamiento de algunas de sus características básicas: el derecho a la salud, la universalidad de la atención sanitaria, la igualdad de acceso a la misma y el carácter solidario y redistributivo de la Sanidad Pública. La Sociedad muestra su preocupación por el deterioro de la calidad asistencial y la ausencia de diálogo y acuerdo entre los agentes del sector a la hora de adoptar decisiones.

·         Manifiesto europeo contra la mercantilización del Sistema de Salud.

A primeros del mes de octubre de 2012, un grupo de asociaciones profesionales sanitarias europeas, entre las que se encuentran la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), difundió un manifiesto en el que expresaban su preocupación por las políticas que se están desarrollando en muchos países de Europa y que pueden poner en riesgo una atención sanitaria adecuada. Observan una tendencia creciente hacia la privatización de los sistemas sanitarios y de los proveedores, independientemente de que el sistema este organizado mediante provisión directa de los gobiernos o través de sistemas de aseguramiento. El sistema de salud cada vez se comercializará más y la salud y la enfermedad se están convirtiendo así en una mercancía.

La inquietud general de los ciudadanos y la sensación de incertidumbre causada por los anuncios de sucesivos recortes y restricciones presupuestarias en los servicios de salud, por parte de las distintas administraciones públicas sanitarias, se vio agravada a mediados de ese mismo mes de octubre por el anuncio de una serie de “reformas” contempladas en el autodenominado Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. Estas propuestas, entre las que se contemplaba la privatización (“externalización” es el eufemismo utilizado) de seis hospitales y veintisiete centros de salud, más la reconversión de otro hospital en un centro monográfico (?) acompañaban a los Presupuestos para 2013. Su elaboración se llevó a cabo sin ningún tipo de justificación técnica o profesional conocida, y ha dado lugar desde entonces a la oposición generalizada del sector y a una movilización sin precedentes: la llamada “marea blanca”, un amplio movimiento colectivo, profesional y ciudadano, en contra de una estrategia adoptada mediante imposición, de forma autoritaria, sin negociación ni consenso alguno.

Casi simultáneamente, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) hace público un Compromiso de SEDISA con la Sostenibilidad y las Reformas de los Servicios sanitarios Públicos. Se trata de un documento, en el que tras hacer un diagnóstico de la severísima crisis de sostenibilidad del SNS, se proponen una serie de medidas basadas en la búsqueda a ultranza de la eficiencia en la gestión sanitaria (auténtico leiv motiv de todo el documento, que considera como un imperativo ético a todos los niveles de la organización). Su objetivo declarado es el de contribuir a hacer posible la supervivencia y la continuidad del sistema sanitario público desde el punto de vista de su posición como gestores sanitarios.

Entre los factores que señala como coadyuvantes en el incremento del gasto sanitario público y la crisis son, entre otros, el envejecimiento de la población unido al aumento de prevalencia de patologías crónicas y de cáncer; los gastos de personal, que suponen el mayor porcentaje del gasto sanitario, y son difícilmente modificables por la rigidez del sistema funcionarial – estatutario. Se enfatizan también la rigidez estructural (régimen jurídico administrativo de los centros sanitarios) y la falta de profesionalización de los gestores; la presión de empresas farmacéuticas y tecnológicas para incorporar sus productos, sumado a la presión social de las demandas de los ciudadanos. A ello se unen la ausencia de políticas adecuadas de prevención y promoción de la salud que, a la larga, ocasiona más gasto sanitario. Por último, se destaca la inequidad en la distribución de recursos por las diferencias de financiación entre las CCAA.

Es un informe complaciente en exceso con la idea de externalización del servicio y la supuesta y teórica “transferencia de riesgos” a entidades privadas colaboradoras, a través de fórmulas alternativas o de gestión indirecta (concesiones, etc.) que defiende abiertamente. Algunas de las afirmaciones son muy discutibles y no están sustentadas en ninguna evidencia:

“La prestación per capita a igualdad de condiciones (cápita ajustada por riesgo y edad y cartera de servicios igual en extensión y calidad) suele ser un 30% más barata que en la gestión directa.”

“Los resultados finales en salud, evidenciados en indicadores de calidad de vida, esperanza de vida, complicaciones, distintos indicadores de mortalidad, son iguales o mejores en las instituciones de gestión alternativa o indirecta.”

Se proponen una serie de medidas urgentes en el ámbito macro, meso y micro, finalizando con un conjunto de conclusiones y recomendaciones alineadas con el análisis diagnóstico previo, el establecimiento de un pacto de Estado por la sanidad, la reorientación del sistema hacia la atención a los pacientes crónicos, la profesionalización de la gestión, la unificación de las carteras de servicios, la posibilidad de introducir “ticket moderadores” para controlar la demanda, la unificación de los servicios asistenciales con los sociosanitarios de atención a la dependencia o la autorización previa con carácter vinculante del Consejo Interterritorial del SNS para introducir cualquier nueva tecnología sanitaria…

Concluye casi con un llamamiento a imponer algo así como la “tiranía de los expertos” o al menos lo que podría entenderse como un cierto "despotismo ilustrado":

“Todos estos cambios creemos que contribuirían de manera importantísima a mejorar la eficiencia de nuestro sistema y ha (sic) hacerlo sostenible a medio y largo plazo; algunos ya se están realizando y otros aún quedan lejos debido a la inercia del sistema. Es tarea de todos mejorarlo y este informe pretende poner su grano de arena para mejorar la gestión del mismo que es donde somos expertos, ya que ahora más que nunca se necesita un gobierno del Sistema Sanitario de expertos.”

[Según se indica, en la elaboración del informe tuvo una destacada participación el Dr. Carlos Alberto Arenas Díaz @ArenasKray, actual Gerente del Departamento de Salud de Orihuela, en la Comunidad Valenciana].

Desde algunas instancias profesionales se han señalado algunos paralelismos y coincidencias entre este documento y algunas propuestas contempladas en el citado Plan de Medidas de la Comunidad de Madrid. En especial se destaca “…que los gerentes y directivos de las empresas sanitarias agrupados en SEDISA están relacionados, cuando no forman parte directa, con las empresas [privadas] que gestionan atención sanitaria que trabajan en España”. Pero quizás sean solo eso, coincidencias.

En cualquier caso, esto no ha acabado aquí...

(Continuará…)