Laguna de Manjavacas (Cuenca) Foto: Juan Fernández
En estos tiempos tan
convulsos, veloces y superficiales, (como los denominaba @manyez en uno de sus últimos posts), hemos celebrado en Sitges el
IX Simposio de la Sociedad Española de Atención al Usuario (SEAUS),
con el lema “La
Ley de Autonomía del Paciente, diez años después”. Las siguientes líneas
recogen la mayor parte de mi intervención como Presidente de la SEAUS en la
Mesa de Inauguración:
Hace unos días, un reconocido columnista que en su día fuera director de uno de los principales diarios conservadores
del país, recordaba un análisis publicado en 2010 por dos reputados sociólogos,
titulado “Alerta y desconfianza. La
sociedad española ante la crisis”. Llamaban la atención en aquel ensayo
sobre la necesidad de que, en el transcurso de la crisis, los gobernantes
explicaran lo que iban haciendo, aceptando las rectificaciones de rigor a lo
largo de su recorrido. Ello conlleva y debe suponer una auténtica vocación de
‘liderazgo social’, otorgando una primacía absoluta a la comunicación auténtica
y veraz con los ciudadanos.
Lo cierto es que, con demasiada frecuencia, sin apenas información o
debate previos, asistimos a la adopción de medidas impopulares, poco o mal
explicadas, que proyectan una preocupante y penosa imagen de carencia de
estrategia de conjunto. Uno llega a pensar si algunos responsables políticos
conocen de verdad sus responsabilidades o, tal vez simplemente, decía el
periodista, son desdeñosos con la ciudadanía; es decir, se comportan con
demasiada suficiencia, menosprecio o indiferencia rayana en el desaire. En una
sociedad democrática avanzada resulta imperdonable incurrir en el desdén por
parte de quienes precisamente reciben de los ciudadanos la legitimidad de su
ejercicio. Tampoco se entiende desde el punto de vista político ya que, como
dijo alguien, resulta mejor liderar el
cambio que verse arrastrado por dinámicas turbulentas.
Por
una serie de características que sería largo de enumerar, como pueden ser su
impacto social y económico, su visibilidad, la cualificación de sus
profesionales, etc. el sector sanitario es uno de los ámbitos más sensibles
para la sociedad y para la opinión pública y, por tanto, cualquier medida que
suponga un cambio o modificación de la situación en la sanidad exigiría un
mayor esfuerzo de transparencia, explicación a la ciudadanía y debate.
Es sabido que las crisis económicas tienen consecuencias sobre la salud,
al crear más grupos sociales vulnerables, alterar el patrón de riesgos de la
enfermedad y provocar cambios en las necesidades de la población y en la
demanda de servicios. La crisis actual también ha dado lugar a importantes
recortes y restricciones en el gasto público, lo que afecta al gasto sanitario
y consecuentemente a la capacidad de respuesta del sistema sanitario a esas
necesidades de la población.
Uno de los efectos más evidentes, con impacto directo en el ciudadano, es
el incremento del número de pacientes en lista de espera para pruebas
diagnósticas y consultas de determinadas especialidades y una mayor demora para
someterse a las intervenciones quirúrgicas más comunes. Los servicios de
atención al paciente y usuario han visto aumentar de manera notable el número de quejas y
reclamaciones por estos motivos, en especial tras la implantación del tan
denostado Real Decreto Ley 16/2012
que limita el derecho al acceso sanitario a españoles o extranjeros en determinadas
situaciones y modifica el copago en algunas prestaciones.
Desde
su constitución en 1989 (hace ya casi 25 años) la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS) ha venido desarrollando su Misión de “contribuir
a la mejora de la calidad de los servicios sanitarios, basándose en el respeto
a los derechos y deberes de los ciudadanos”. Entre sus objetivos se
encuentra fomentar la difusión y aplicación de los Derechos y Deberes del
usuario de la sanidad establecidos en el ordenamiento jurídico, así como
contribuir al diálogo entre usuarios, profesionales de la salud e instituciones
sanitarias, promoviendo una mejor comunicación y participación. Desde su
posición institucional la SEAUS ha intentado apoyar la implantación de cartas
de servicios, potenciar la formación de los profesionales de las unidades de
atención al usuario, mejorar la calidad de los servicios y prestaciones y
favorecer el conocimiento de los derechos ciudadanos en materia de sanidad.
Una
de las principales funciones de los trabajadores y profesionales de las
unidades de atención al usuario es sin duda la de facilitar la accesibilidad a
los servicios, actuando como interlocutores y mediadores entre el sistema sanitario
y los ciudadanos. Son, en este sentido, una primera línea de contacto situada
en una posición inmejorable y única para conocer y detectar los problemas, las
necesidades, las demandas, preferencias y actitudes de las personas que
requieren los cuidados y la atención sanitaria. En unos momentos como los que
vivimos su papel adquiere si cabe una mayor importancia, lo que debe ser
especialmente señalado puesto que también han sufrido recortes en recursos y en
personal, soportan una mayor presión derivada del malestar existente, de los
constantes cambios normativos a veces difíciles de explicar… sin contar con que
a veces no reciben ni se les imparten instrucciones claras sobre la orientación
y las respuestas que han de trasladar a los pacientes.
Se
cumplen precisamente ahora diez años de la entrada en vigor de la Ley 41/2002básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones enmateria de información y de documentación clínica. Una norma que en su momento supuso un cambio fundamental en el enfoque que
rodea toda la actividad sanitaria, al fijar los derechos de los pacientes como
eje de las relaciones clínico-asistenciales. La ley venía a hacer visible los cambios en el tipo de relación
clínica, desde lo que podríamos denominar paternalismo beneficente hacia
lo que sería un autonomismo responsable: era el resultado de una
evolución social impulsada por el crecimiento de la conciencia del derecho de
los pacientes a los servicios sanitarios como usuarios responsables de los
mismos y no sólo como meros receptores y sujetos pasivos, protagonistas a pesar
suyo de un cierto “despotismo sanitario ilustrado” que podría formularse con el
aserto de “todo para el paciente pero sin el paciente”.
Hoy
sabemos ya desde hace tiempo que –además de la obligación ética y legal- uno de
los elementos clave en el objetivo de avanzar hacia la mejora de la calidad y
la excelencia en los servicios sanitarios es contar con la opinión del paciente
y del ciudadano, elaborada siempre a partir de la mejor y más amplia
información disponible. Su implicación es hoy indispensable para contribuir al
desarrollo de las mejores prácticas y conseguir los mejores resultados. En
situaciones de crisis y dificultad este concurso resulta, además, inexcusable.
En
estos tiempos algo grises hemos considerado oportuno refugiarnos bajo el
paraguas del aniversario de la Ley de Autonomía para revisar algunas cuestiones
relevantes como el análisis de la aplicación de la Ley de Autonomía del
Paciente, la visión del Sistema Nacional de Salud desde diferentes puntos de
vista y la situación existente, y cómo las tecnologías de la información y la
comunicación, en especial las redes sociales, están cambiando y pueden ayudar
en la relación asistencial entre profesionales y pacientes y cómo pueden
influir en la propia autonomía de las personas.
La
construcción y el mantenimiento del edificio del SNS es una tarea permanente e
inacabada, que involucra a una enorme cantidad de agentes. Para todos los que
trabajamos en el sector es un privilegio y una gran responsabilidad poder contribuir en ese gran esfuerzo
colectivo, que corresponde y obliga a la sociedad en su conjunto.
“Recordar y contar lo que uno ha visto
esforzándose por no mentir y por no halagar y por no dejarse engañar uno mismo
por el resentimiento o la nostalgia es una obligación cívica” señala Antonio Muñoz Molina en su último e imprescindible ensayo “Todo lo que era sólido”, en el que ciertamente explica la disolución de muchas de las certezas que hasta
hace relativamente poco tiempo nos habían acompañado…
Tal
vez algunos de los contenidos que abordemos en el IX Simposio #9SEAUS
sirvan si no para despejarlas, sí para enfrentarnos mejor a algunas de las incertidumbres que hoy nos acompañan, apoyando esa tarea de contribuir al
mantenimiento y a la supervivencia de nuestro sistema sanitario público.
Lo malo de la 41/2002...era su carácter de básica.
ResponderEliminarTenían que desarrolar muchos de sus artículos, cada CCAA.
Total..un desastre.
Unas CCAA crearon espectativas...y otras, engendros.
Ni dedcir tiene los del art. 9.3..
Rodrigo.., una verguenza.
Yo no soy tan pesimista, Paz.
EliminarComo sabes, legislación "básica" significa que se dicta en desarrollo del artículo 149 de la Constitución, que reserva al Estado la regulación de las «bases» o «legislación básica» sobre una determinada materia, de forma que las CC.AA. pueden asumir en sus Estatutos de Autonomía competencias para el desarrollo de aquélla.
Es verdad que después ha habido desarrollos muy dispares, pero hace diez años, la ley 41 fue un hito, (algunos consideraron incluso que era demasiado avanzada y que la sociedad española no estaba "preparada"), sobre todo en lo referido a la autonomía de la voluntad: consentimiento informado, voluntades anticipadas o instrucciones previas, etc. También en otros aspectos determinados avances científicos y tecnológicos han hecho que se quede obsoleta, y ello debería obligar a nueva legislación, sobre todo en seguridad y protección de datos (incluidos los genéticos), y a una cierta unificación normativa que corrigiese la dispersión a la que aludes.
Javier Sánchez Caro impartió una excelente Conferencia en el Simposio en la que se refirió a todo ello.
Gracias por tu comentario