El deterioro sanitario

                                                                                                                                                                                               Foto: Luca Rossato (flickr)

«El sistema sanitario público español empieza a acusar los efectos de los recortes y de unas reformas (copagos, privatizaciones) que se han emprendido sin las suficientes explicaciones y en contra de gran parte de los usuarios y los profesionales.»

Sanidad herida. Éste es el elocuente título del artículo editorial del diario El País (17-8-2013) en el que comenta el Barómetro Sanitario hecho público -casi de tapadillo- en la misma semana por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (Por cierto que, dicho sea de paso, tampoco parece casual la fecha elegida, justo el día antes de un largo puente en pleno mes de agosto vacacional).

Los resultados globales del Barómetro no consiguen ocultar el hecho de que se ha producido un significativo y paulatino descenso en la confianza de los ciudadanos en la sanidad pública. En 2010 un 73.9% de la población consideraba buena o muy buena la sanidad pública; en 2011 este porcentaje bajó al 73.1%, situándose en 2012 en un 70.6%, un descenso de dos puntos y medio. 

Es sabido (y resulta bastante lamentable) que, con demasiada frecuencia, la lectura e interpretación de este tipo de estudios suele hacerse desde posiciones interesadas, que incorporan notables sesgos y valoraciones a menudo poco objetivas, dependiendo del punto de vista de quién opina. En este caso, (llevados sin duda por un irrefrenable deseo de transmitir mensajes positivos) la misma Nota de Prensa del Ministerio destaca como titular:

"Ocho de cada diez ciudadanos que usaron la sanidad pública en 2012 afirman que la atención fue buena o muy buena" (sic).

No está mal una 'ligera' desviación del 10% para convertir de manera casi taumatúrgica un porcentaje del 70.6% en un redondo ocho de cada diez (!!)

Ilustrados y esclarecidos portavoces del partido gubernamental se han apresurado también a realizar su particular lectura triunfalista, llevando el agua a su molino e insistiendo (mira por donde), en esa misma idea-fuerza: “…8 de cada 10 encuestados que han utilizado la sanidad pública aseguran que la atención clínica en los diferentes niveles asistenciales fue buena o muy buena.”

La pregunta sobre el grado de satisfacción con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España, en una escala de 1 a 10 (de muy insatisfecho a muy satisfecho), es respondida con una “nota media” global de 6.57 (con un rango entre las distintas CC.AA. que va desde el 7.38 en Aragón al 5.85 en Canarias). 

Es decir, casi a modo de resumen cabría decir que los ciudadanos españoles siguen valorando de forma positiva al sistema sanitario público, y le dan una buena nota general, aunque el nivel de satisfacción global cae por primera vez desde 2004.

Entre las preguntas que figuran en la encuesta, uno de los descensos más llamativos se registra en las que inquieren sobre si una serie de servicios (atención primaria, atención especializada, atención hospitalaria...), han mejorado, han empeorado o siguen igual respecto a los últimos cinco años. Las series temporales muestran que en un solo año, entre 2011 y 2012, la percepción de que han empeorado se incrementa notablemente:

• En 2011 solo un 10.71% de los encuestados creían que la atención primaria había empeorado. En 2012 ya son el 19.76%. Al mismo tiempo, los que opinan que ha mejorado bajan del 41.14% al 30.62 %.
• Sobre atención especializada, en 2011 el 11.83% consideraban que había empeorado. En 2012 suponen casi el doble, un 22.05%. Mientras, los que opinan que ha mejorado disminuyen desde un 34.72% hasta el 25.58%.
• Los datos sobre atención hospitalaria muestran que en 2011 un 10.52% creía que había empeorado. Este porcentaje se duplica en 2012, al subir hasta un 21.09%. Los que consideraban que ha mejorado, un 37.72%, bajan ahora hasta el 27.34%.

El Barómetro, con interesantes datos desagregados para todas las CC.AA., recoge también una subida del 64% en el número de ciudadanos que considera que (el problema de) las listas de espera han empeorado en el último año. En 2011 suponían el 18.17%, es decir, menos de uno de cada cinco; en 2012 el porcentaje sube hasta el 29.97%, con lo que casi uno de cada tres ciudadanos percibe un empeoramiento de este problema. (Hay que tener en cuenta que la pregunta del barómetro sobre las listas de espera es general, incluyendo tanto las de pruebas diagnósticas como las de consultas de especialidades o las quirúrgicas). 

La encuesta del Barómetro se realizó en tres oleadas entre marzo y noviembre de 2012 y, como vemos, a pesar de la propaganda oficial se constata un creciente deterioro de la confianza ciudadana en la sanidad pública.

Estos resultados coinciden sustancialmente con los de otro importante y reciente estudio publicado el pasado mes de junio que, a pesar de su evidente interés, ha pasado bastante más inadvertido: "La calidad de los servicios públicos y la actitud de los ciudadanos hacia las medidas modernizadoras de la Administración Pública", elaborado por el Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos de la AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la calidad de los Servicios).

A partir de una encuesta específica realizada en el verano de 2012 por el CIS, el documento analiza la evolución hasta ese año 2012 de la satisfacción de los españoles respecto a distintas políticas y servicios públicos y su opinión sobre el gasto público en dichos servicios.

Los resultados reflejan que solo uno de cada dos ciudadanos está satisfecho con el funcionamiento de la Administración después de tres años anteriores de tendencia al alza en la valoración hacia los servicios públicos. Así, tras el pico de valoración positiva de 2011, con un 63% de usuarios satisfechos, en 2012 la proporción desciende por debajo del 50%. Además, casi el 40% de los encuestados considera que el funcionamiento de los servicios públicos en general es peor o mucho peor que en 2007, a las puertas de la crisis. Una cifra superior a los que creen que han mejorado o que permanecen igual, cercanas al 30% en cada una de las opciones.

Aunque con un lenguaje lleno de las correspondientes reservas y matizaciones –lógicas en una publicación oficial- las conclusiones del propio informe son bastante claras (y desalentadoras):

«...los datos sobre la satisfacción con los servicios públicos en general (sin especificar ningún sector de política concreto) no reflejan resultados positivos en 2012 ya que, por un lado, el porcentaje de insatisfechos es algo más elevado que en años anteriores y, por otro, el porcentaje de los mismos es mayor que el de satisfechos en algunos casos. Al mismo tiempo, a pesar de que una mayoría de ciudadanos cree que los servicios funcionan mejor o igual que hace cinco años, se ha incrementado en veinte puntos el porcentaje de quienes creen que estos servicios funcionan peor o mucho peor.»

«…la valoración de algunos de los servicios sectoriales analizados también han empeorado. Tanto en el caso de la sanidad pública (centros de salud y hospitales), como de la educación pública y los servicios sociales, los transportes públicos y los servicios de la administración de justicia, el año 2012 ha traído un descenso del número de satisfechos.»

«...la evolución negativa de la satisfacción ciudadana con los servicios públicos puede estar relacionada quizá con un empeoramiento real de los servicios, pero también con una extendida preocupación por los efectos sobre la calidad de los servicios de los ajustes presupuestarios o incluso por el futuro de tales servicios en el contexto de crisis y austeridad actual.»

En cualquiera de los casos, tanto el Barómetro Sanitario, como el Informe de la AEVAL reflejan que nos encontramos ante signos definitorios y evidentes del deterioro real y objetivo que se viene produciendo en los servicios públicos, como resultado de unas decisiones políticas determinadas. Pese a frívolas interpretaciones gubernamentales que intentan disfrazar o maquillar la realidad, la percepción generalizada es la de una enorme pérdida y un considerable retroceso en derechos ciudadanos y en los anteriores niveles de protección social.

En sanidad, como explica muy bien Fernando Lamata en su blog, son “señales de alerta” que indican que “los recortes sanitarios se van notando: 3.162 millones [de euros] menos de gasto sanitario entre 2009 y 2011 y un recorte mayor en 2012 y 2013 según lo previsto en los presupuestos aprobados. Esta disminución de gasto público está siendo, en parte, a costa de un aumento del gasto directo de las familias, de tal manera que baja la proporción de gasto sanitario financiado públicamente en relación con el gasto sanitario total. Es una financiación menos justa.”

Es como si volviéramos atrás en el tiempo, hacia una época en blanco y negro…