"¿Otro modo de relación con el ciudadano?" es el lema con el que se han celebrado el 26 de septiembre, en San Sebastián, las III Jornadas de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS) en el País Vasco. Las siguientes párrafos son prácticamente una transcripción de mi intervención en la Presentación de las mismas, como Presidente de la SEAUS.
«Vivimos tiempos difíciles y algo revueltos para el
sistema sanitario público. Casi podría decirse que la realidad sanitaria está en llamas debido a los incendios que se
vienen produciendo (provocando) en diferentes ámbitos y que finalmente a todos
nos afectan.
Los
sucesivos recortes presupuestarios iniciados con la aprobación hace ya casi un
año y medio del Real Decreto Ley 16/2012, han supuesto un serio retroceso en la
situación de la
Sanidad Pública en España. La política de ajustes y de
recortes ha afectado a todas las CCAA, pero su impacto ha sido muy distinto en
unas u otras, en función del interés de sus responsables políticos por mantener
y preservar la Sanidad Pública.
En
Hace unos meses el
denominado Foro Vasco por la Salud, integrado por varias asociaciones y sociedades científicas del País Vasco, hacía públicas
unas reflexiones en las que analizaba la situación de la sanidad y ofrecía una
serie de propuestas, al tiempo que se pronunciaba abiertamente en contra de que
la crisis económica pudiera transformarse en una crisis social como
consecuencia de una política de austeridad que sigue afectando, una vez más, a
quienes en principio, debido a sus condiciones sociales, gozan de peor salud.
Los firmantes de esa
declaración, aun reconociendo que el
sistema tiene un amplio margen para mejorar la efectividad y eficiencia, señalaban
también que el coste del SNS es uno de los más bajos de los países de la Unión Europea ,
obteniendo unos buenos resultados en los indicadores de salud. Aunque sea necesaria
una revisión del funcionamiento del sistema, es preciso no dejar de lado la
valoración de los resultados alcanzados. Es verdad que se necesitan cambios,
(la esencia de la gestión es precisamente gobernar el cambio), pero estos deben
estar basados en una evaluación rigurosa de lo existente y en una propuesta clara
y explícita de objetivos a alcanzar, fundamentalmente en términos de salud de
la población.
La crisis económica está afectando más a las personas
menos favorecidas de la sociedad y lo que obviamente sería muy preocupante es que
los cambios introducidos en los sistemas sanitarios también castiguen a los
mismos. El citado Real Decreto Ley 16/2012, eufemísticamente llamado “de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones” está suponiendo una menor accesibilidad a los más
débiles (inmigrantes y personas en paro de larga duración, vagabundos,
prostitutas, enfermos mentales sin familia, personas sin documentación, etc.),
y ha establecido un sistema de copago farmacéutico en el que pensionistas con
bajos niveles de ingresos están teniendo como mínimo que adelantar unas
cuantías económicas que pueden ser muy elevadas en relación a sus ingresos. Ello
está provocando en algunos casos que se abandonen los tratamientos
farmacéuticos por no poder asumirlos económicamente. Es por tanto imprescindible
analizar las consecuencias de su aplicación y proceder a su revisión en los
aspectos que afecten a la equidad del sistema.
Hace
unos días tenía ocasión de leer en un newsletter de una consultora de servicios sanitarios algunos resultados acerca de la reducción del gasto
sanitario en España en los últimos años. Según ese estudio, la disminución
provendría sobre todo del gasto en farmacia, de la atención primaria, del gasto
en salud pública y de los gastos de capital. Sin embargo, como es sabido, los
hospitales son el mayor componente del gasto sanitario y es donde existiría un
mayor margen de mejora en su eficiencia. Con respecto al gasto farmacéutico, el
80% de su reducción sería imputable al efecto del copago, es decir a un cambio
de financiador: en lugar de pagar el SNS paga el usuario/paciente (en un gran
porcentaje atribuible a pensionistas con bajo poder adquisitivo); sólo el 20%
sería atribuible a la disminución de la dispensación de recetas. Esto confirma
una vez más que el efecto disuasorio de los copagos en sanidad es
indiscriminado y, por lo tanto, más injusto e inefectivo. De hecho, lo más
preocupante es que la literatura existente demuestra que el copago afecta por
igual a los tratamientos de valor como a los de más dudosa utilidad.
La
semana pasada el propio Departamento vasco de Salud publicaba una nota que
confirma lo anterior: durante los meses de julio y agosto el Gobierno vasco recaudó 4.1 millones de euros por la aplicación en la
comunidad autónoma del copago farmacéutico en cumplimiento del Real Decreto del Gobierno de España y el 90.6%
de esos recursos correspondieron a las aportaciones que hicieron los
pensionistas.
En
resumen, no parece que la evolución que se observa esté contribuyendo a la tan
cacareada sostenibilidad del modelo
sanitario, sino que está sirviendo más bien a hacer pasar estrecheces al
sistema y a sus usuarios.
La
última vuelta de tuerca en esta deriva del SNS es la extensión del copago a una serie de fármacos que hasta ahora dispensaban de forma gratuita los hospitales
a pacientes no ingresados. Este nuevo copago farmacéutico hospitalario afectará a un número importante de pacientes con enfermedades crónicas de larga
duración (ver Resolución de 10 de septiembre de la D.G. de Cartera Básica de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia). La medida ha obtenido ya el rechazo generalizado de CCAA, pacientes,
profesionales y partidos políticos.
El
portavoz del Gobierno Vasco la calificaba como un auténtico “disparate desde el punto de vista humano, sanitario y
administrativo” y comunicaba la decisión de no aplicarla, tanto por
imposibilidad material como por el desacuerdo con la misma. Otras diez CCAA
han manifestado también su desacuerdo con este nuevo recorte sanitario, de dudosa eficacia, cuya inoportunidad y falta de sensibilidad es más que evidente.
Estamos
siendo testigos privilegiados, o más bien protagonistas, de una época en la que
una frívola retórica plagada de términos como eficiencia, competitividad,
productividad o sostenibilidad, se ha instalado en el discurso cotidiano de los
servicios públicos en general y de la sanidad en particular, olvidando que el
objetivo no puede ser la eficiencia, ni siquiera la sostenibilidad, el objetivo
son los resultados en salud.
No
sin cierta mordacidad la periodista Soledad
Gallego-Díaz alertaba hace unas semanas en un artículo de
opinión, (Las salidas estadísticas de la crisis. EL PAÍS
La
crisis económica no puede servir de excusa para desmantelar los sistemas de
protección social. Es precisamente cuando hay crisis económica cuando se hace
más necesario garantizar los servicios y una serie de prestaciones sociales
básicas como educación, sanidad, vivienda, trabajo, protección social o mínimo
vital y atención a la
dependencia. Es éste sin duda, el tiempo de los derechos sociales.
Lo
cierto es que nos encontramos en una situación bastante crítica y complicada
para nuestro sistema sanitario público. Lo que hasta hace apenas un par de años
era un Sistema Nacional de Salud que se consideraba casi modélico y cuyos
resultados eran comparables o incluso superiores a la mayor parte de los
sistemas sanitarios de los países más avanzados, se ha convertido en un simple
sistema de aseguramiento que ya no es universal, ni gratuito y desde luego es
cada vez menos público.
Ojala
que muchas de estas transformaciones sean reversibles a medio plazo, lo que
solo podrá hacerse desde una actitud decidida y el compromiso de todos los
agentes que trabajan e intervienen en el sector: políticos, profesionales,
trabajadores, pacientes, usuarios y ciudadanos en general.
El
hilo conductor que destaca el lema de las Jornadas: “¿Otro modo de relación con el ciudadano?” supone hablar, entre
otras cosas, de las desigualdades y del principio de equidad, de cómo tener en
cuenta la voz de los ciudadanos en las políticas de salud y también de su
necesaria capacitación desde la perspectiva global de considerar la salud como
un compromiso de todos.
Desde
ese enfoque, tal vez no sea un mal momento para recordar las palabras del
ilustre e influyente epidemiólogo Geoffrey Rose, desaparecido hace ya más de
veinte años, cuando afirmaba que ''Los
principales determinantes de la enfermedad son principalmente económicos y
sociales, y por lo tanto sus remedios también deben ser económicos y sociales.
La medicina y la política no pueden ni deben mantenerse separadas.»
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