On the tracks. Foto: Jonasginter (flickr)
La supuesta reforma emprendida en el sistema sanitario
público, (que en realidad está consistiendo en una serie de ajustes y recortes
bastante indiscriminados con la gran excusa de garantizar su
sostenibilidad),
se está llevando a cabo sin ningún consenso político (a golpe de Reales decretos),
con una notable ausencia de liderazgo, bastante opacidad, (vean lo que ocurre
en la Comunidad de Madrid),
sin apenas debate
público (es decir, en gran medida a espaldas de la ciudadanía), abusando de la
posición política dominante del partido en el Gobierno. Los cambios en el SNS
suponen una modificación trascendental en la concepción y en la forma del
modelo sanitario tal y como lo conocíamos hasta ahora (nivel de gasto, alcance,
cobertura y dimensiones, etc.), que puede afectar a algunos de los principios
básicos de equidad, universalidad o cohesión social sobre los que se asentaba.
Se echa de menos una mayor transparencia en el proceso, no ya para contar con
el apoyo y el respaldo a estas reformas (lo que sería una buena muestra de
inteligencia política), sino como una obligación y exigencia democrática de
explicación, buen gobierno y rendición de cuentas a la ciudadanía.
El argumento de la pretendida
sostenibilidad futura del sistema sanitario tiene un elemento
básico y fundamental en la financiación, o mejor, en la suficiencia económica y
el equilibrio financiero del sistema con una evolución acompasada de las
dinámicas de gasto sanitario e ingresos públicos. Sin embargo, con ser ello
importante, no es lo único necesario y decisivo. Difícilmente el (cualquier) sistema
sanitario será sostenible si no responde en gran medida a las necesidades,
expectativas y demandas de los ciudadanos, -usuarios y profesionales-, si no es
racional en su estructura o si carece de un
gobierno adecuado.
Los cambios que se están impulsando en la sanidad por parte
de los responsables públicos adolecen de cierta falta de
legitimidad social (no nos referimos a
legitimidad política, -aunque habría
mucho que decir acerca de la legitimidad
de
origen y de la legitimidad
de
ejercicio-), al no contar con la intervención, implicación y participación
de muchos de los agentes que intervienen en el sector.
Debido a esa opacidad, tal vez al apresuramiento, en muchos
casos a la torpeza, a los propios errores o a ciertas maneras autoritarias,
algunas de las medidas que se vienen adoptando (poco y mal explicadas, o en
muchos casos peor desarrolladas), suponen un evidente perjuicio y están
contribuyendo además a un importante deterioro de las relaciones asistenciales
entre los ciudadanos y los profesionales.
Sea como fuere, es claro que existe una evidente pérdida de
credibilidad que no ayuda a corregir ni a superar la actuación de los
responsables de la política sanitaria de nuestro país con su constante
“parcheo” de propuestas que generan más dudas e incertidumbre si cabe. Importantes
expertos del
policy analysis como
Charles
Lindblon describieron hace ya varias décadas esta forma de hacer
política como
“el arte y la ciencia de salir del paso”,
una expresión enormemente descriptiva.
Por lo demás, en este
mismo orden de cosas, sobre el análisis de
políticas públicas, no deja de resultar interesante recordar algunas de las
estrategias que utilizan los Gobiernos para evitar ser culpados (y penalizados
política y electoralmente) por los ciudadanos, tras la adopción de medidas decisiones
impopulares de cualquier tipo (sobre todo recorte de derechos, pérdida de
prestaciones o servicios), tal como las describía R.
Kent Weaver en un artículo ya
clásico (1986): The Politics of Blame Avoidance. Journal of Public Policy, 6, pp
371-398).
(Algunas)
estrategias de los gobiernos para evitar ser culpados por decisiones
impopulares
Las estrategias más frecuentes serían las siguientes:
1. Retrasar o
limitar la agenda y la toma de decisiones sobre asuntos impopulares (Deja para mañana lo que puedas hacer hoy).
2. Redefinir el tema y presentar las pérdidas
como ganancias. (No hay mal que por bien
no venga). Por ejemplo, un recorte en determinados derechos o
prestaciones puede presentarse como una medida seria y responsable de garantía
de la sostenibilidad.
3. ‘Ganar
tiempo’ haciendo que las medidas impopulares entren en vigor mucho más tarde,
alejando en el tiempo el possible coste politico. (Más vale tarde que nunca).
4. Cargar con
la responsabilidad de las decisiones a otros niveles de gobierno. (Escurrir el bulto). Por ejemplo, que
sean los gobiernos autonómicos, responsables de la gestión y los presupuestos, quienes
asuman medidas impopulares en sanidad, educación u otros servicios públicos.
5. Culpar a
otros de las decisiones. (Encontrar un
“chivo expiatorio”). Es una de las más clásicas y socorridas. Lo más frecuente
es el recurso a la “herencia recibida”, culpando a los predecesores (un pobre
recurso si se piensa que la herencia sería la misma si ellos hubieran ganado la
contienda electoral).
6. Minimizar
costes o reducer culpas apuntándose, de manera oportunista, a propuestas o
medidas que puedan resultar más populares. (Subirse
al carro a tiempo).
7. Recabar apoyos
intentando que un mayor consenso difumine la responsabilidad y la culpa de las
decisiones, intentando presentar los recortes como imprescindibles o
inevitables. (Cerrar filas).
8.
Tomar medidas excepcionales y de carácter
obligatorio que suponga “atar las manos” a los responsables políticos, les
permite después adoptar decisiones impopulares recortando gastos o
restringiendo el presupuesto en determinadas situaciones invocando aquella
medida. (Sujétame que no respondo de mí). Es el caso de los principios
de equilibrio presupuestario y de estabilidad económica incorporados en la
Constitución, que suponen que el déficit estructural no pueda superar el 0.4%
del PIB.
Haciendo un
sencillo ejercicio mental puede verificarse cuáles de estas estrategias se están
poniéndo en marcha por los responsables politicos de turno. Obviamente no puede
decirse que este tipo de prácticas, contribuyan precisamente a mejorar
la credibilidad y legitimidad de las decisiones (y de quienes las adoptan). Si hay
algo claro es que, como señala Vicente Ortún, “No habrá mejor gestión pública sanitaria sin mejor política.”
En general se sabe que las crisis
económicas minan la legitimidad de los sistemas de bienestar y rompen el
consenso interclases. Si como consecuencia de la crisis se producen recortes que empeoran la
calidad y eficacia de los servicios públicos, y esta situación de deterioro se
mantiene en el tiempo, es bastante probable que la confianza de los ciudadanos
se debilite generando una corriente de desaprobación social con respecto
al sistema público de salud.
Ello unido a la falta de liderazgo, la desconfianza y pérdida
de credibilidad de la clase política, -tal como reiteradamente se viene
poniendo de manifiesto en sucesivos sondeos de opinión-, junto a la comprobación
de un uso inaceptable de los recursos públicos por parte de la misma, sitúa al
propio sistema sanitario ante un escenario y una situación muy delicada desde
el punto de vista de su aceptabilidad y legitimidad social.
Tiene uno la incómoda sensación de que hay algo de “
profecía autocumplida” en lo que está ocurriendo con los servicios públicos en nuestro país (
digo que algo no funciona y me aseguro de
que no lo haga, recortando el presupuesto).
Muy en su línea agorera y pesimista,
Paul Krugman afirmaba hace unos
días en su blog (
El honorabilísimo saboteador. El País, 10-octubre-2013):
“Los defensores de la austeridad, (…) no
decían la verdad sobre sus motivaciones. Son palabras fuertes, pero si se
observan sus reacciones recientes, queda claro que todas sus afirmaciones
acerca de la austeridad expansionista –los abismos del 90% y demás – solo eran
excusas útiles a sus planes: desmantelar el Estado del bienestar.”
Ojalá se equivocara…