Foto: Michael Shade. Vía flickr
Seguramente
la noticia sanitaria de la semana ha sido la presentación del Informe “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes”, realizado conjuntamente por la institución del Defensor del Pueblo y todos los comisionados autonómicos (un total de nueve defensores del pueblo) con
funciones análogas. Un amplio y documentado estudio que examina la realidad de
los servicios de urgencias hospitalarios y el impacto de su funcionamiento
sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Elaborado con la
participación de profesionales de los servicios de urgencias, gestores,
directivos y asociaciones de pacientes, el informe analiza los problemas
comunes de esta importante área asistencial. Su importancia estriba en una
serie de factores que aparecen claramente destacados: 1) se trata de un ámbito
que vive en un escenario de constante presión asistencial; 2) las perspectivas
demográficas sobre envejecimiento de la población y el paulatino aumento de las
patologías crónicas, apuntan a que la demanda no se moderará de forma
sustancial en el futuro si no se adoptan medidas estructurales; 3) los
servicios, áreas o unidades hospitalarios de urgencias (SUH) han experimentado cambios
profundos en las últimas décadas, aunque estos no han ido acompañados de una
reconsideración del modelo asistencial que mejore la coherencia global del sistema;
4) la ciudadanía considera estos servicios como una garantía muy relevante para
la efectividad de su derecho a la salud; 5) de acuerdo con la Encuesta de
morbilidad hospitalaria, la urgencia es el principal motivo de ingreso
hospitalario, concretamente en alrededor del 61% de los casos, y 6) la
celeridad e incluso el entorno físico en que ha de producirse la atención de
urgencia incrementa el riesgo de que los derechos de los pacientes puedan verse
vulnerados.
Como
Presidente de la Sociedad Española de Atención al Usuario (SEAUS), el pasado
mes de octubre tuve la oportunidad de participar en una de las jornadas de
trabajo preparatorias del informe. En el transcurso de la misma tuvimos ocasión
de analizar y debatir, junto a otros profesionales, un documento previo con 124
cuestiones conexas, relacionadas con la atención en urgencias, basado en las
quejas recibidas y las visitas de campo realizadas por los defensores. A este
respecto, cabe señalar como principales motivos de quejas y reclamaciones en
los SUH denunciados ante los defensores del pueblo los siguientes: demoras y tiempos
de espera excesivos (clasificación o primera atención, pruebas diagnósticas,
asignación u ocupación de camas, alta en urgencias); calidad percibida al alta;
competencia profesional y conocimientos del personal; condiciones
físico-estructurales: limpieza, confort, señalización, higiene; trato y
atención de los profesionales; dotación de personal; cartera de servicios; y
calidad de la información a los pacientes y acompañantes.
La aproximación y el enfoque del
estudio viene acotada por tres objetivos generales, definidos ya en la fase
inicial del proyecto: 1) identificación de los derechos y garantías implicados
en la asistencia sanitaria de urgencias y estándares de aplicación; 2)
consideración especial de la atención a personas en situación vulnerable; y 3)
las reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos como barómetro indicador del
servicio prestado y como herramienta para su mejora.
No
es la primera vez que el Defensor del Pueblo manifiesta su interés y
preocupación por este problema. En 1989 la Institución elaboró un informe monográfico
sobre Servicios de Urgencia del Sistema Sanitario Público. La puesta en
práctica de las recomendaciones dirigidas a la Administración pública motivó entonces
el desarrollo de programas especiales de inversión y la potenciación de la
estructura, tanto material como de recursos humanos, de las áreas de urgencias.
En
este nuevo informe se analizan los problemas comunes al conjunto de los
servicios de urgencias, sin detallar la situación de ninguno de ellos, puesto
que “son las grandes cuestiones, en las
que hay un alto nivel de coincidencia, las que resultan más determinantes para
la atención que reciben los pacientes”.
Lo cierto es que la respuesta a
la demanda de atención sanitaria urgente ha adquirido en nuestros días una
importante complejidad, tanto médica como organizativa que, sin lugar a dudas,
plantea uno de los retos permanentes en todos los sistemas sanitarios públicos.
En
los SUH convergen una serie de factores que no son fáciles de analizar
separadamente, lo que exige un especial rigor en la planificación y la
actuación a fin de compensar el mayor riesgo de error y la especial fragilidad
de la población atendida. Entre otros, cabe citar los siguientes:
-
Incremento exponencial de la frecuentación.
-
Problemas de información y coordinación con
otros niveles asistenciales.
-
La necesidad de priorizar la atención (triaje).
- Importancia del factor tiempo en algunos
tratamientos junto a la dificultad inherente a un diagnóstico rápido.
-
Un significativo índice de mortalidad temprana.
-
La ansiedad y las expectativas de pacientes y
familiares.
Todo ello contribuye a que los
SUH se conviertan en una fuente de conflictos, auténticos “sumideros de entropía”, (en terminología de J.R. Repullo), que
concentran el caos y desorden procedente de otros ámbitos del sistema
sanitario, (de la misma manera que los agujeros negros son lugares ideados por
la naturaleza para redimensionar su incremento, según el físico y matemático Roger Penrose).
El
estudio contiene un total de 40 conclusiones y recomendaciones. Entre ellas, valora
positivamente las medidas de ampliación o renovación llevadas a cabo en los
espacios físicos dedicados a la atención de urgencias en los hospitales, pero
considera necesario que se introduzcan cambios en la organización y gestión de
los servicios para resolver los problemas de presión asistencial y de saturación permanente.
El
informe señala que las repetidas situaciones de saturación de las urgencias,
que provocan situaciones de colapso en los hospitales, pueden suponer, además de mayores
riesgos y un incremento de la mortalidad, un menoscabo de la dignidad de los pacientes, y
propone que se tenga en cuenta a los coordinadores y responsables de los servicios de urgencias en la toma de decisiones sobre
disponibilidad de recursos, camas hospitalarias y personal. Las carencias
aumentan el riesgo
Los
defensores del pueblo piden también que se garantice la existencia de
suficientes profesionales en los SUH en todas las franjas horarias y todos los
días de la semana (24/7/365), incorporando herramientas y recursos tecnológicos
que mejorarían la equidad, la calidad y la seguridad de la atención.
Además,
reclaman la creación de una especialidad médica de urgencias, (una propuesta que ya ha generado controversia y tensiones corporativistas desde
algunas instancias, que han llevado incluso a cuestionar la imparcialidad y solvencia del informe).
Se trata en cualquier caso de una una demanda reclamada por muchos “urgenciólogos”
desde hace bastante tiempo, y ante la que algunas CCAA ya han adoptado algunas iniciativas (vid. Las urgencias en su sitio).
Por
otro lado, el informe recuerda que la insuficiente dotación de plantillas titulares en muchos centros provoca que sean los médicos internos residentes quienes
asuman un grado excesivo de responsabilidad. La escasez de profesionales y las
inadecuadas condiciones de trabajo dan lugar a situaciones de tensión asociadas
o que pueden derivar en conflictos, haciendo de estos servicios entornos de
riesgo por estrés laboral o lugares propicios para el desarrollo del síndrome del burnout.
El
estudio señala igualmente que una buena coordinación entre los SUH y servicios extrahospitalarios
es imprescindible para que los pacientes hagan un uso adecuado de las urgencias
y para que los enfermos crónicos, las personas de edad avanzada y las personas
en situación de exclusión social, reciban la atención adecuada. (Véanse: Colapso de urgencias: Primaria es parte de la solución o: La saturación de la urgencia hospitalaria y de la Atención Primaria: es necesario actuar).
Finalmente,
con respecto a algunos colectivos en situación de vulnerabilidad, los
defensores apuntan y ponen de manifiesto que en muchos lugares la continuidad
asistencial de los inmigrantes en situación irregular no está garantizada. Recuerdan
por ejemplo que, aunque sean atendidos en los SUH, estos pacientes deben
recibir asistencia médica más allá del alta en los servicios de urgencias, hasta
que se resuelva el problema de salud que dio lugar a la urgencia por enfermedad
grave o accidente.
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Como
se ve, el problema de la atención sanitaria urgente, sea en el ámbito de la
atención primaria en las zonas rurales o en el nivel hospitalario, sigue siendo objeto de debate. Se trata de un asunto complejo, con
muchas aristas, fuertemente ideologizado y, obviamente, con importantes connotaciones y derivaciones políticas…
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